Tras las medidas de reducción de gasto en el sector público nacional anunciadas el viernes por los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra, el gobierno nacional se prepara hoy para una nueva reunión paritaria con los gremios estatales, en la que la discusión no se centrará solo en el porcentaje de aumento salarial, sino en la reducción de la planta de empleados del Estado y el congelamiento de los ingresos por dos años.

La propuesta oficial del 12% sin cláusula de revisión para los sueldos menores a $30.000, y de una suma fija de $4.500 para los que ganen entre ese número y $100.000 ya fue rechazada tanto por la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) como por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la última reunión. Por encima de los $100.000 -un nivel de sueldo que ganan los que tienen rango de subsecretario para arriba- el gobierno no prevé aumentos este año, en el marco de las medidas de austeridad lanzadas por la crisis económica.

En el Gobierno son concientes de que el aumento ofrecido, de cara a la inflación anual, difícilmente sea aceptado por los dirigentes gremiales, pero no ignoran que la discusión salarial irá acompañada por otros reclamos vinculados a la efectivización de personal y el cese de los despidos.

Infobae pudo saber por fuentes oficiales que el Gobierno estima en 5.000 el número de empleados que se podría reducir la planta de la administración pública nacional en lo que resta del 2018. Al menos la mitad serían empleados en condiciones de jubilarse o que podrían acogerse al régimen de retiro voluntario abierto por el Ejecutivo, con una remuneración acorde a su edad y sus años de antigüedad. La otra mitad serían contratos que no se renovarían, ante la imposibilidad de despedir a personal de planta permanente, sin un motivo justificado y un sumario previo. En total, en dinero, esos 5.000 empleados menos implicarían un ahorro de $800 millones para lo que resta del año.

El tema será parte de la negociación hoy en la nueva reunión paritaria. "Esa cifra de reducción del personal podría ser atenuada en el marco de la discusión salarial y de la evolución de la situación económica", admitió una alta fuente gubernamental.

Una discusión paritaria con varios temas

Si bien UPCN y ATE ya rechazaron el ofrecimiento del 12%, llevarán posturas distintas sobre el porcentaje de aumento de sueldo a negociar. Pero en lo que sí coincidirán es en que no debe ser la única cuestión sobre la mesa.

El titular de UPCN, Andrés Rodríguez, con los ministros Jorge Triaca y Andrés Ibarra

"Queremos mejorar la pauta salarial del 12% con la cláusula de revisión, pero no vamos solo con un número", le dijo Andrés Rodríguez de UPCN a Infobae ante la consulta sobre si aceptarían cerrar con el 15% de aumento, el porcentaje máximo que podría llegar a ofrecer el Gobierno. "Vamos a discutir una serie de planteos como el pase a planta permanente de unos 7.000 trabajadores que han concursado o están en proceso, de los cuales 1.500 deberían ser efectivizados en junio, y otros 2.500 en julio. También buscamos que no se avance con la no renovación de los contratos", agregó el líder gremial.

UPCN difundió un comunicado tras el fracaso de la reunión de la semana pasada, en el que se declaró "en estado de alerta y movilización" y no descartó la realización de medidas de fuerza si el Gobierno insiste con al propuesta del 12%, sin la posibilidad de revisión de la pauta ante el incremento del costo de vida.

Desde ATE, Hugo "Cachorro" Godoy insistió en el rechazo del porcentaje ofrecido y en el reclamo de un 25% con cláusula gatillo, más una bonificación de $5.000 para "compensar la mala aplicación" de esta cláusula en 2017. "Sin embargo, lo que más nos preocupa son los anuncios que hicieron Dujovne e Ibarra: el cese a fin de año de los contratos por Asistencia Técnica con las Universidades, la reducción de bonificaciones en el salario, el recorte del 30% en la planta de cada organismo, el cierre de varias dependencias que significan más despidos, y el congelamiento de los cargos por dos años, que va a implicar eternizar la situación de precariedad de muchos compañeros", señaló ante la consulta de este medio. ATE participó de la Marcha Federal que concluyó el 1 de junio último en Plaza de Mayo, donde se anunció un paro durante este mes -aún sin fecha- en contra de la política económica de Mauricio Macri.

En relación a los convenios de Asistencia Técnica con las Universidades, que según se anunció el viernes quedarán sin efecto a partir del 31 diciembre y ya no podrán utilizarse para proveer servicios personales – una modalidad usual para contratar personal en el Estado -, una alta fuente oficial le aseguró a Infobae que "las personas que estén actualmente bajo esa contratación, van a seguir trabajando si están dentro de la dotación permitida para el organismo donde cumplen funciones". Y en relación a los concursos, aseveró que serán la única modalidad de ingreso al Estado admitida.

El recorte desde diciembre del 2015

Los 5.000 empleados en el Estado que el Gobierno evalúa recortar en esta segunda mitad del 2018 se sumarían a los 31.000 -netos- que se redujeron en los dos primeros años de gestión. Según las planillas oficiales, estos 31.000 puestos representan un 13% de la planta de la administración centralizada que comprende a presidencia, ministerios y jefatura de Gabinete. En la Casa Rosada contraponen ese porcentaje contra el 88% que creció el empleo público en ese ámbito entre 2005 y 2015.

A estas cifras, agregan los 1.000 cargos de la estructura jeráquica del Ejecutivo que se redujeron desde marzo, equivalentes a un 30% del total, a partir de eliminar o fusionar subsecretarías, secretarías, direcciones y coordinaciones. Esta eliminación de cargos políticos con altos sueldos implicó $ 1.500 millones de ahorro para este año.

Sin embargo, una fuente oficial admite que la mitad de esos 1.000 cargos políticos fueron recontratados en el Ejecutivo, aunque en otros puestos, con sueldos inferiores. Los otros 500 dejaron de trabajar para el Estado.

Según anunciaron Dujovne e Ibarra el viernes, la intención es también reducir un 25% las estructuras de los organismos descentralizados como la AFIP, la ANSES, el PAMI, el INTA, el INTI o el INCAA.

Por los retiros voluntarios abiertos por el Ejecutivo, hasta ahora, solo se fueron 200 empleados, aunque en los despachos oficiales confían en que después de junio, cuando se cobra el aguinaldo, esa cifra aumente.