Es innegable que los salarios del sector público perdieron sostenidamente poder adquisitivo a lo largo del último año. La inflación de 2022 fue de 94,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), mientras que las mejoras salariales obtenidas rondan el 60%.

El gremio estatal también fue puntilloso con la organización que se sienta en la mesa paritaria nacional como lo es UPCN. Sin mencionarla, sostuvo que fue “pasiva” y que consintió “el deterioro de las condiciones laborales, desde las remuneraciones hasta la precariedad de su relación de empleo, suscribiendo acuerdos salariales a la baja que ofendieron y subestimaron la inteligencia hasta del más humilde trabajador estatal”.

“La recomposición salarial es el piso desde el cual tiene que partir la discusión este año, condición absolutamente necesaria pero no suficiente de las mejoras que nuestro sector requiere para desarrollar nuestra labor en condiciones dignas, pero debemos avanzar en otros temas para continuar jerarquizando nuestra profesión”, amplió Ramos de cara a la discusión, entre otras cosas, que debería según la AGAE, debatir el escalafón propio de los abogados del Estado Nacional.

Apuntó al recuerdo de la degradación salarial que atravesó la Argentina durante la Administración de Mauricio Macri. “No podemos volver a permitir lo que sucedió durante el período 2015-2019, cuando los salarios nominales de los agentes públicos perdieron -en promedio entre un 25 y 30%, medidos contra inflación”.

El año que comienza encontrará a un gremio compitiendo en la carrera salarial pero además será clave el alcance de los reclamos de los abogados estatales en lograr la autarquía en cuanto a la actividad, escindida de la representación sindical de UPCN.