“El reclamo permanente de un amplio arco de organizaciones sindicales obtuvo finalmente una respuesta con la reforma de Ganancias sancionada en el Congreso de la Nación el 28 de septiembre pasado”, comienza el comunicado, y continúa “Aquel día, el Senado aprobó la ley que modificó el Impuesto a las Ganancias elevando el piso del Mínimo No Imponible a quince salarios mínimos, vitales y móviles según lo que fija el Consejo del Salario del Ministerio de Trabajo de la Nación”.

También plantean que “Ahora, desde el mismo sector político que no votó a favor de la aprobación del proyecto, Juntos por el Cambio, gobernadores reclaman la derogación de la ley, argumentando que estarían siendo afectados los fondos que reciben en concepto de coparticipación. Iniciaron acciones judiciales con tal efecto”. Por lo que agregan “Este reclamo que va contra las y los asalariados es grave porque Juntos por el Cambio es el mismo sector que se encuentra conformando un gobierno de coalición con La Libertad Avanza, que ya anuncia un ajuste con caída de la actividad económica, despidos masivos y mayor desigualdad”.

En la misma misiva alertan a sus “Compañeras, compañeros: la ley que ahora pretenden derogar se consiguió por la lucha del movimiento obrero argentino durante largos años con negociaciones, huelgas y movilizaciones”.

En tal sentido afirman que “En ese camino tuvo un rol destacado la gestión realizada ante el Ministerio de Economía de la Nación y la AFIP en forma conjunta por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo, gracias a la cual se obtuvieron en enero de 2023 las exenciones en el pago de Ganancias sobre adicionales por Cuarto Turno y horas extras”. Y agregan” Ese logro concreto demostró que se podía avanzar contra el impuesto injusto y distorsivo que era Ganancias sobre nuestros salarios, y le dio impulso a la lucha obrera que consiguió la nueva ley en septiembre pasado”.

Según el comunicado “Hoy, los que dicen que tiene que haber un ajuste en el Estado son los mismos que le quieren sacar la plata del bolsillo a los trabajadores. Este pedido demuestra que el ajuste va a caer sobre la clase trabajadora, que no solamente sufre la inflación que ya están anunciando, y la crisis, sino que también va a tener que pagar el ajuste fiscal con la retención de parte de su salario”.

Por su parte agregan, además, que “Los fondos de coparticipación para las provincias podrían incrementarse si aportaran más los grandes ganadores de los últimos años: el puñado de grandes empresarios que tuvieron ganancias extraordinarias con la fenomenal recuperación económica tras la pandemia, y que no fueron afectados ni por la guerra ni por la sequía”.

Por último reafirman que “la única manera de enfrentar la crisis económica es con salarios mínimos y vitales según su definición constitucional y legal que, al tiempo que garantizan una vida digna a los trabajadores, motoricen el mercado interno, generando producción y empleo” y, cierran el comunicado, advirtiendo que “Si insisten en intentar derogar la ley nos van a encontrar a los aceiteros en la puerta de cada una de las empresas porque hoy no es simplemente un impuesto, hoy es una ley y un derecho para los trabajadores, y la vamos a hacer respetar”.