Un informe del Centro de Economía Política Argentina –CEPA- reveló un drástico ajuste en la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante 2024. Según los datos, el gasto público cayó un 31% real en comparación con 2023, afectando principalmente a áreas esenciales como salud, educación, desarrollo social y obra pública.

Sectores sociales en el centro del ajuste 

El recorte más severo se registró en los programas destinados a los sectores más vulnerables: 

– Potenciar Trabajo: Reducción del 85%, limitando el acceso a ingresos básicos para miles de trabajadores informales. 

– Comedores Comunitarios y Merenderos: Caída del 75%, comprometiendo la alimentación de familias en situación de pobreza. 

– Plan Nacional de Primera Infancia: Ajuste del 81%, afectando a la niñez en sus etapas más críticas. 

– PAMI y Seguridad Social: Transferencias al PAMI recortadas en un 60%, y un ajuste del 17% en las partidas de la ANSES, debilitando el sistema de jubilaciones y pensiones. 

El impacto en Salud también es preocupante. Programas como el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud sufrieron una reducción del 51%, mientras que los programas de prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles apenas crecieron un 10% frente a caídas de hasta el 82% en otras áreas críticas.

Educación y desarrollo productivo, entre los más afectados

La inversión en Educación fue duramente golpeada, con recortes del 83% en Conectar Igualdad, 65% en becas estudiantiles y 98% en el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Estas reducciones impactan directamente en el acceso a la tecnología, la formación de los jóvenes y el incentivo al cuerpo docente.

En el sector productivo, las partidas para la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca cayeron un 97%, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo sufrió una reducción del 73%, paralizando programas clave para el crecimiento económico. 

Áreas con aumento de financiamiento

No todas las áreas fueron ajustadas. El informe del CEPA señala que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas aumentó su presupuesto un 13%, alcanzando los 45 mil millones de pesos. Un contraste llamativo.

Además, el Servicio de la deuda pública representó un 11% del total del gasto, lo que evidencia el peso de los compromisos financieros en las prioridades presupuestarias.

Un ajuste que prioriza lo financiero sobre lo social

El CEPA subraya que este ajuste refleja una orientación clara hacia la reducción del déficit fiscal, pero a costa de limitar la inversión en sectores esenciales para el bienestar social. En un contexto de crisis económica y recesión, las decisiones de recorte en programas sociales, educativos y de salud profundizan las desigualdades y dejan a los sectores más vulnerables en una situación de mayor precariedad.

La falta de financiamiento en áreas clave no solo afecta las condiciones actuales de millones de personas, sino que compromete el desarrollo y la equidad futura del país.