A través de un comunicado titulado “Por un transporte público al servicio del pueblo trabajador”, la central obrera expresó su solidaridad con las y los trabajadores de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) frente al “grave deterioro” que atraviesa el transporte argentino y responsabilizó directamente al gobierno de Javier Milei por el escenario actual.

En el documento, la CGT apuntó contra “la desregulación irresponsable”, el congelamiento de la obra pública y el “abandono de toda planificación integral por parte del Estado”, situación que —aseguraron— se profundizó tras la degradación del Ministerio de Transporte.

“La desregulación irresponsable, el congelamiento de la obra pública y el abandono de toda planificación integral por parte del Estado han generado una crisis sin precedentes”, sostuvo la central sindical.

La conducción cegetista advirtió además que el deterioro del sistema de transporte tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de millones de trabajadores. En ese sentido, remarcaron que los usuarios “pagan un boleto cada vez más caro, viajan peor, menos seguros y dedican entre dos y cuatro horas diarias a traslados cotidianos”.

Para la CGT, el impacto del ajuste no se limita al transporte público. El comunicado también alertó que el incremento de los costos logísticos termina trasladándose a los precios de la canasta básica, profundizando la caída del poder adquisitivo y agravando la situación social de la clase trabajadora.

A su vez, la central obrera sostuvo que el “vaciamiento” del sistema de transporte pone en riesgo miles de puestos de trabajo, derechos laborales conquistados históricamente y también “el desarrollo productivo, la conectividad y la soberanía nacional”.

El posicionamiento representa una nueva señal de endurecimiento de la CGT frente a la administración libertaria y refuerza la alianza con los gremios del transporte, uno de los sectores sindicales que más confronta con las políticas impulsadas desde la Casa Rosada.

Otro de los puntos más duros del documento estuvo centrado en el rechazo a la respuesta oficial frente a las protestas sindicales. La CGT denunció “represión, judicialización del conflicto y criminalización de la protesta” y aseguró que el Gobierno responde con “palos, gases y causas judiciales” ante reclamos laborales legítimos.

En ese marco, la central sindical también apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y cuestionó la Ley de Modernización Laboral al considerar que busca restringir el derecho de huelga y debilitar la negociación colectiva.

Finalmente, la CGT ratificó la necesidad de “fortalecer la unidad del movimiento obrero organizado” y expresó su acompañamiento al estado de alerta y movilización dispuesto por la CATT “en defensa del trabajo argentino, del transporte público y de un modelo de país con justicia social y desarrollo”.