La distribución de recursos entre las obras sociales sindicales volvió a ser un problema de primera magnitud para la CGT.

El desembarco en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y otros organismos sanitarios del asesor sin cargo Mario Lugones, presidente de la Fundación del Sanatorio Güemes y socio del operador radical Enrique "Coti" Nosiglia, se produjo en simultáneo con una propuesta de modificación de los mecanismos de reparto de subsidios. Según pudo confirmar Ámbito.com, Lugones y el nuevo equipo de la SSS buscarán cargarles a las prestadoras gremiales parte de los servicios brindados a afiliados discapacitados que hasta ahora cubría el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y anular algunos de los subsidios automáticos que les permitían a esas entidades equilibrar sus cuentas.

El nuevo esquema de reparto apunta, según los expertos en el financiamiento de la salud, a engrosar el FSR que en los últimos meses había llegado a un punto de agotamiento de sus recursos por el incremento exponencial de las erogaciones correspondientes a servicios a personas con discapacidad, en particular relacionadas con educación y transporte. El condimento político de ese cambio permite suponer que la nueva conducción de la SSS, con el exOSDE Gabriel Oriolo como titular y Claudio Stivelman, designado por Lugones, como gerente general, podrá contar con mayor discrecionalidad en la distribución de un FSR así alimentado.

Los cambios, que arrancaron días atrás con el desplazamiento como jefe de la SSS de Enrique Chiantore, un médico que gozaba de la confianza de Patricia Bullrich, ratificaron las peores sospechas de la CGT. El resposable en la "mesa chica" de la problemática de las obras sociales, José Luis Lingeri, reclamó una audiencia con las nuevas autoridades pero a cambio sólo obtuvo una reunión con Lugones. La inquietud promete escalar en la central obrera y sumarse al pliego de reclamos que mantiene con el Gobierno.

Partidas

En los últimos años la CGT tuvo un capítulo de negociación permanente con el poder político por los fondos de las obras sociales. A partir de la pandemia se aceleró un proceso que venía de antes de la suba exponencial de los gastos en discapacidad hasta convertirse en el principal factor de agotamiento del FSR, que según la normativa debería tener como destino central el reembolso de los tratamientos médicos y los remedios más costosos. Alberto Fernández le sacó el compromiso de asumir mediante recursos del Tesoro nacional, no reembolsables, el costo de la educación y el transporte para el rubro discapacidad. De hecho Sergio Massa llegó a incorporar en el Presupuesto 2023 -prorrogado para 2024- una partida de 138 mil millones de pesos para atender esa contingencia sin desfinanciar el FSR.

El año pasado se utlizaron de esa partida unos 70 mil millones de pesos. El cambio de signo político les hace temer a los gremialistas que no tendrán garantía de que este año se vaya a aplicar a las obras sociales sindicales siquiera los 138 mil millones de pesos prrorrogados en el actual presupuesto. Se trata de uno de los temas centrales que Lingeri reclamó conversar con los nuevos responsables de la SSS. De hecho el plan del "Grupo Güemes" Lugones, Nosiglia y el gastronómico Luis Barrionuevo) es que el Fondo Solidario cubra sólo el 70% de los gastos en discapacidad y que el resto corra por cuenta y orden de las obras sociales.

Como agravante también deslizaron la posibilidad de anular algunos subsidios automáticos que cobran las prestadoras de los sindicatos como el SANO (apuntado a fortalecer a las de muchos afiliados con sueldos bajos, como los rurales), el SUMA (que compensa la atención de los monotributistas) y el SUMA 65 (que equilibra cuentas para las que atienden a jubilados). Así presentado todo indica que los recursos liberados pasarán a engrosar el Fondo Solidario y, por lo tanto, a dotar de más elementos de negociación a los funcionarios de Salud frente a la CGT.