Por

EUGENIA RODRÍGUEZ

Desde hace poco más de un mes el Congreso nacional debate la posibilidad de ampliar las licencias parentales, en el marco del proyecto del oficialismo que buscar crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidados en la Argentina. De avanzar en su aprobación, el impacto fiscal sería solo del 0,045% para 2023, según señaló un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en base a la iniciativa de mayor consenso entre unos cincuenta proyectos. 

Este proyecto no trata un tema secundario para Argentina. En el país, el 95% de menores de 0 a 2 años y el 60% de 3 años no asisten a jardines, el 10% de las personas de más de 60 años está en situación de dependencia, y el 12,9% tiene una discapacidad y requiere apoyos, mientras que el 76% de las tareas domésticas no remuneradas recae sobre los hombros de las mujeres. 

El informe de la OPC se elaboró a pedido de las comisiones que se encuentran debatiendo el proyecto preliminar de dictamen que apunta a modificar las licencias que tienen quienes trabajan en relación de dependencia formal, para atender las brechas de género existentes, garantizar el derecho de quienes conforman una familia a cuidar y fomentar la corresponsabilidad familiar. La actual licencia por paternidad, según la Ley de Contrato de Trabajo, es de solo 2 días para quienes paternan por lo que de esta manera podría ampliarse a 45 días, en tanto que las personas gestantes tendrían un aumento de licencias de 90 a 126 días, de forma progresiva. 

Si bien el proyecto se focaliza en las y los trabajadores en relación de dependencia, se reclama también la incorporación de monotributistas y autónomos en el reconocimiento de este derecho. También se podría avanzar sobre otros puntos incluidos en el proyecto “Cuidar en Igualdad” como el reconocimiento del trabajo comunitario, la creación de un sistema integral de cuidados, la ampliación de la oferta de servicios y la infraestructura de cuidados disponible.

Las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso coinciden con los cálculos difundidos por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) que indicó que “el costo fiscal de la ampliación de las licencias de cuidado representaría un 0,04% del PIB en la primera etapa, hasta llegar al 0,14% del PIB para la implementación plena en 2031, según como propone el proyecto”. 

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizaron que “dicho esfuerzo fiscal es menor que la pérdida de recaudación que resulta por la exención injustificada del pago del impuesto a las ganancias por parte de magistrados/as y funcionarios/as del poder judicial nacional y provinciales (0,16% del PBI). Es decir que, si estas personas pagaran el impuesto a las ganancias como el resto de las y los contribuyentes, el Estado contaría con los fondos necesarios para cubrir la ampliación de estas licencias”. 

Costo fiscal del proyecto

Para la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en su evaluación realizada por pedido de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el impacto fiscal del proyecto que busca responder a la necesidad de ampliar los días de licencias es de $75.604 millones, lo que equivale al 0,045% de PBI para 2023. El informe analizó el impacto de los tres tipos de asignaciones de licencias que cubriría el Estado Nacional que incluyen a “personas gestantes, personas no gestantes y personas adoptantes”. 

En el caso de las personas gestantes, el plazo total de licencia sería, con el nuevo proyecto, de 126 días (45 días anteriores al parto y hasta 81 días después del mismo), y podría abarcar a 120.411 personas, con un monto individual de asignación de $244.140, que conlleva a un monto total anual de $29.397 millones, lo que equivale al 0,018% del PIB. Para las personas no gestantes, en tanto, la licencia sería de 45 días corridos posteriores al nacimiento, con el monto de asignación laboral correspondiente. Se calculó que podría incluir a 88.711 casos, con una suma individual de $414.471 un monto total anual de $36.768 millones y un impacto del 0,022% del PIB.

Para las personas que adoptan se establecen 90 días corridos desde la resolución judicial que otorga la guarda. En el caso de adoptantes monoparentales se verían beneficiados con este derecho 130 personas, con una asignación personal de $719.648, que equivale a un monto anual de $93,55 millones y representa el 0,0001% del PBI, mientras que en adoptantes biparentales llegaría a 370 casos, con una suma de $1.439.296, que implica un monto anual de $532 millones y tiene un impacto del 0,0003% del PBI.

De acuerdo con la OPC si se consideran los números anteriores sumado a las licencias que se estipulan en el proyecto para casos particulares (nacimiento múltiple, prematuro, interrupción de embarazo, enfermedad crónica, discapacidad, fallecimiento) que extienden los plazos antes mencionados, “el importe total esperado ascendería a $75.604 millones, lo que equivale al 0,045% de PIB para 2023”. 

Para las estimaciones sobre el universo de potenciales personas beneficiarias se utilizaron los registros de ANSES, la base de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) considerando una brecha salarial de género del 22% entre varones y mujeres, según el Ministerio de Trabajo, y los números de nacimientos del Ministerio de Salud. 

Por otra parte, las modificaciones de este proyecto recaerán en la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744), la Ley sobre el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (N°26.844) y en el Régimen de Trabajo Agrario (N°26.727), así como en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y en la normativa vinculada a Obras Sociales, a Empresas de Medicina Prepaga y al personal de la Administración Pública Nacional.

Agenda de cuidados

La ampliación y creación de nuevas las licencias parentales, en conjunto con las políticas en materia de cuidados que se reclaman, busca romper con las desigualdades que caracterizan la distribución sexual del trabajo adentro y afuera del hogar, así como en la crianza, el cuidado de personas adultas, en las posibilidades de realización personal y para la autonomía económica.

En Argentina, según datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas, lo que implica al menos 6 horas y media por día mientras que los varones solo le dedican la mitad de ese tiempo, además ganan en promedio un 28% menos que sus pares varones y conforman el 64% de la población de menores ingresos. 

En paralelo, el 10% de las personas de más de 60 años está en situación de dependencia, el 12,9% de la población tiene una discapacidad y requiere apoyos y el 95% de niñas y niños de 0 a 2 y el 60% de 3 años, no asisten a jardines, según indicaron desde ACIJ y agregaron que la demanda de cuidados “es muy grande y necesita respuestas”. En relación, otro aspecto que se señala para impulsar esta política pública tiene que ver con que Argentina está “atrasada” en comparación con otros países como los europeos que tienen licencias de más de 10 a 15 días por paternidad y en Estados Unidos se reconocen 84 días, misma cantidad que por maternidad. 

Consenso social

Un encuesta realizada a 689 personas entre 25 y 65 años con y sin hijos, de distintos géneros, orientaciones sexuales y nivel socioeconómico por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) arrojó que 8 de cada 10 personas considera que las licencias deberían ser prolongadas en el país, al tiempo que un 84,3% dijo que la ampliación debería ser una prioridad en la agenda política.

El relevamiento se publicó este año con el nombre de “Las voces del cuidado: Opiniones sobre paternidades, licencias y políticas públicas de cuidado en Argentina” y en el cuestionario se incluyeron preguntas sobre ideas asociadas al cuidado, formas de uso del tiempo, estrategias de organización de los cuidados, representaciones sobre la paternidad y el rol de los varones en el cuidado infantil, entre otros.

Entre los resultados se destacó también que 9 de cada 10 dijo que “la presencia activa del padre en las primeras etapas de la vida es fundamental para garantizar un mejor desarrollo infantil (94,9%)” y 8 de cada 10 personas encuestadas consideró que el Estado debiera otorgar algún tipo de licencia por nacimiento y adopción para trabajadores monotributistas (78,4%). Además se relevó que el 67% de los padres tuvieron una licencia por paternidad de entre 2 y 7 días. 

“El consenso social no se condice con las políticas públicas. Para que la licencia por paternidad sea más que sólo un souvenir, necesitamos que sean ampliadas y que se otorguen días para cuidar. Que los cuidados sean una tarea compartida”, analizaron desde ELA y agregaron que “el esquema vigente tiene 49 años y es hora de que la ley se ajuste a las necesidades de cuidado que tiene nuestra sociedad y responda a los compromisos asumidos por el Estado en distintos pactos y tratados internacionales”.

En la misma línea remarcaron que “las licencias de paternidad extendidas son necesarias porque brindan tiempo para cuidar que es algo imprescindible durante los primeros meses de vida de una persona, pero también al inicio de un vínculo familiar al momento de adopción. Ese tiempo se necesita para desarrollar vínculos afectivos, para que los padres puedan conocer a sus bebés, entender qué necesitan y aprender a responder a esas demandas y reacomodar dinámicas familiares”.