Por tercera vez consecutiva, el gremialista Pablo Moyano consiguió suspender la indagatoria en su contra en la causa que lo investiga por su presunta participación en una asociación ilícita que se habría dedicado a defraudar al club Independiente. Ganó apenas tiempo: fue citado para declarar de manera presencial el jueves próximo, según confirmaron a LA NACION dos fuentes con acceso al expediente. Ese día, sin embargo, podría haber una nueva suspensión, ya que la defensa del número dos de los camionero argumentará que "hay riesgo de vida" por el coronavirus.

La jueza de Garantías Brenda Madrid dispuso hoy la suspensión de la declaración del líder sindical, informó Daniel Llermanos, el abogado de Moyano. El asesor legal del sindicalista argumentó esta vez que había plazos vencidos y pidió nuevamente apartar al fiscal Sebastián Scalera. Llermanos busca demostrar que el expediente fue urdido por "la mesa judicial de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires" y que el fiscal habría sido parte de esas presuntas irregularidades.

"Nos obligan ahora a ir a la presencial, hay riesgo de vida. Es un disparate cuando hay muchos contagios en los tribunales de Lomas de Zamora. Además, se estima una declaración que durará entre seis y ocho horas. El Poder Judicial no está en consonancia con el gobierno provincial. Lo vamos a plantear", dijo Llermanos a LA NACION. Es decir, Pablo Moyano presentará entre mañana y el jueves un nuevo argumento para evitar el cara a cara de manera personal con el fiscal.

Llermanos, había conseguido la primera suspensión el 21 de agosto, por la recusación del fiscal Scalera. Si bien la jueza rechazó el planteo, le sirvió a la defensa para postergar la indagatoria. Pero llegaron nuevos planteos y la declaración, que iba a ser finalmente hace dos semanas, se volvió a suspender.

El 3 de septiembre, el primer pedido llegó por "problemas técnicos de conectividad" que esgrimió la defensa. Madrid frenó el acto, pero rechazó el planteo y pidió continuar con la indagatoria. Llegó entonces el segundo recurso. La defensa de Moyano sostuvo que no estaban dadas las condiciones de seguridad informática para realizar la indagatoria de manera remota, tal como estaba previsto. "El encriptado es insuficiente. Faltan garantías cibernéticas", dijo Llermanos, que le pidió a la jueza Madrid que suspendiera la indagatoria hasta que la empresa Microsoft "certifique que el mecanismo audiovisual está encriptado de extremo a extremo".

La magistrada pidió, entonces, un cuarto intermedio y luego decidió continuar con la indagatoria. Pero volvió a encontrarse con un tercer inconveniente planteado por Moyano. Su defensa aseguró que, por problemas técnicos, no había podido leer el expediente que había sido enviado de manera digital por el juzgado. Madrid, entonces, decidió volver a postergar la indagatoria y fijó como nueva fecha la de hoy.

Negocios con la barra

La indagatoria es clave para el futuro judicial de Moyano, en una causa que, en gran medida, ya fue elevada a juicio oral. La acusación por asociación ilícita que quedó pendiente de juicio incluye al exjefe de la hinchada de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez, y Damián Lagaronne y Roberto "El Polaco" Petrov, todos supuestos integrantes de la barra. También, a Noray Nakis, exvicepresidente de Independiente, y a Héctor Maldonado, secretario del club y dirigente de Camioneros.

"Bebote" Álvarez, que fue jefe de la barra de Independiente durante 10 años y estuvo preso 14 meses por esta causa, involucró desde la cárcel a los referentes del gremio de los camioneros en un presunto circuito ilegal de negocios vinculados con la venta de entradas. Álvarez, que con su testimonio como imputado colaborador buscó alivianar su pena, apuntó a Héctor "Yoyo" Maldonado, secretario general de Independiente y dirigente de peso en camioneros, pero también involucró a Pablo Moyano, a quien llamaba "el Salvaje".

Alvarez aseguró que los fondos que ingresaban al club por la venta de jugadores se movían en paraísos fiscales como Luxemburgo para generar ganancias financieras que no eran declaradas cuando ingresaban a las cuentas del club. También denunció que para la construcción del nuevo estadio de Independiente, los Moyano contrataron a una constructora de la propia familia con sobreprecios.

El fiscal Scalera, que considera que Pablo Moyano y "Bebote" comparten el liderazgo de esta asociación ilícita, presentó distintas pruebas sobre el presunto fraude contra el club por la impresión oculta de entradas, las reventas avaladas por el club y el reparto de tickets de "protocolo", entre otras irregularidades. También los vinculó a la explotación de distintos negocios informales en las afueras del estadio, como la venta de alimentos y el dinero recaudado por los "trapitos" los días de partido.