El Gobierno Nacional ha anunciado su intención de derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo –IVE- en una coherente sintonía con lo anunciado por Javier Milei durante la campaña electoral. Esta medida ha generado fuertes críticas por parte de la CTA Autónoma que expresó su rechazo y preocupación ante este retroceso en materia de derechos reproductivos.

Históricamente, la lucha por los derechos laborales estuvo acompañada por la demanda del movimiento feminista, que durante décadas abogó por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la reciente avanzada del Gobierno Nacional ha cambiado el enfoque, generando rechazo en una gran porción de la sociedad.

La central obrera señala que esta medida va en contra de las demandas del movimiento feminista sindical, donde el derecho al aborto se considera una cuestión establecida. Además, destaca que en numerosos convenios colectivos de trabajo se negocian licencias para garantizar el tiempo necesario a los cuerpos gestantes después de la gestación.

El texto, firmado por la Secretaría de Género y Diversidad de la organización gremial, critica la falta de autonomía sobre los cuerpos, alegando que la supuesta “libertad” promovida por el Gobierno no incluye este aspecto crucial. Se denuncia la tríada “propiedad, familia y vida” como una perspectiva anacrónica que no tiene en cuenta la realidad actual de pobreza extrema que afecta a más del 48% de la población, especialmente a las mujeres de los sectores más empobrecidos.

La CTA Autónoma también acusa al Gobierno de desviar la atención de problemas fundamentales, como la falta de vivienda y el deterioro de la calidad de vida, al intentar modificar la discusión en torno a la IVE. Se refuta la afirmación gubernamental sobre la mortalidad infantil relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo, asegurando que la IVE salva vidas y que el aborto clandestino es lo que verdaderamente pone en riesgo a las mujeres.

Finalmente, se critica el enfoque del Gobierno en cuestiones como la baja de la edad de imputabilidad, señalando que estas medidas buscan desviar la atención de los problemas estructurales y perpetuar la vulneración de derechos.

La CTA Autónoma concluye su comunicado reafirmando la necesidad de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras y sin costos para todas las capas sociales, y denuncia las políticas gubernamentales que, según ellos, buscan obligar a las mujeres a recurrir a prácticas clandestinas de aborto, poniendo en peligro sus vidas y empobreciendo a la sociedad en su conjunto.