La Asociación Bancaria (AB) anunció que participará del paro general nacional convocado por la CGT, para el miércoles 24 de enero en rechazo al mega DNU de Javier Milei y el proyecto de Ley Ómnibus, por lo que ese día no habrá servicio ni atención en los bancos.

El titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que el gremio formará parte de la jornada de movilizaciones porque no están dispuestos “a validar un ajuste sin precedentes que recae únicamente sobre los trabajadores/as, los jubilados/as y que afecta al pueblo en su conjunto”.

Y se manifestaron “en contra de todas y cada una de las medidas anunciadas y propuestas por el Gobierno” que “implican pérdidas de derechos, de puestos de trabajo, de independencia económica, sumado a privatizaciones indiscriminadas”.

La marcha será el 24 de enero desde las 12 del mediodía frente al Congreso de la Nación. Tras la convocatoria de la central obrera, los sindicatos miembros comenzaron a comunicar su adhesión, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a gremios como la Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Taxis, Camioneros, Dragado y Balizamiento, Vialidad, peajes y aeronáuticos.

También la CTA Autónoma, y los estatales de ATE que la integran, así como el SITraLab (Sindicato de Trabajadores de Laboratorios), el SUOR (Sindicato Único de Obreros Rurales), el SOESGYPE (Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Playa de Estacionamiento), el CISPREN (Círculo Sindical de Prensa) y el FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina).

Los derechos laborales cercenados por el mega DNU de Javier Milei

• Elimina las multas por mala registración: se eliminan multas por no registrar a un trabajador, lo cual implica no abonar salarios de convenio ni efectuar los aportes a la seguridad social.
• Modifica el Régimen de Contrato de Trabajo: se descarta toda presunción en favor del trabajador.
• Convenios Colectivos de Trabajo: se ataca la ultraactividad de los convenios, con afectación a las cláusulas de aporte y contribuciones con destino sindical.
• Asociaciones Sindicales: se criminaliza las Asambleas y Congresos al agregar la prohibición de bloqueos y tomas de establecimientos.
• Se modifica el Régimen legal del Teletrabajo: se quita el tema de la concurrencia; elimina la reversión unilateral del trabajador del teletrabajo y ahora debe ser de común acuerdo con el empleador; elimina la opción de optar por la jurisdicción con el mejor contrato más favorable al trabajador y se elimina la obligación de registrar las empresas que desarrollen esta modalidad.
• Modalidad de Trabajadores Independientes con colaboradores: el trabajador independiente podrá contar hasta con 5 “trabajadores independientes” para un emprendimiento productivo, basado en la relación autónoma en un claro caso de fraude laboral.
• Servicios Esenciales y limitación del derecho a huelga: se reglamenta el derecho constitucional de huelga y se introduce una importante cantidad de restricciones para una parte de la actividad económica.
• Modifica la normativa que regula a las Obras sociales: se incorpora al régimen a las empresas de medicina prepaga; los institutos de administración mixta, organismos creados por leyes de la Nación y obras sociales de la administración central pasan a funcionar como entidades de derecho público no estatal; y las obras sociales no tienen más la obligación de destinar el 80% de sus recursos servicios de atención de la salud establecidos por el seguro y a sus beneficiarios.

Además, la Ley Ómnibus enviada al Congreso prevé la privatización de distintas empresas y sociedades del Estado. Entre ellas, algunas afectan directamente a los bancarios, como las del Banco Nación y todas sus empresas vinculadas, Banco BICE y Casa de la Moneda.