El texto plantea una “estructura contractual diferenciada” de la relación laboral clásica, para “promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas en el país, asegurando la independencia de los repartidores”. 

Según el borrador, los repartidores podrán conectarse a las aplicaciones cuando quieran, aceptar o rechazar pedidos según su disponibilidad y decidir cómo prestar el servicio, garantizando así una “autonomía sobre su tiempo y condiciones de conexión”.  Además, tendrán derecho a “conocer los criterios utilizados por las plataformas para la agrupación de los mismos”, que deben estar expresados en un lenguaje claro. 

El proyecto define conceptos clave: “mensajería urbana” para referirse a la entrega de bienes por cualquier medio (incluso a pie), “repartidor independiente de plataformas” para quienes prestan esos servicios, y “contrato de prestación” entre usuario y repartidor en el que la plataforma actúa como intermediaria. 

Las plataformas tendrán obligaciones específicas, entre ellas: dar información completa sobre los pedidos antes de que sean aceptados, respetar la libertad de conexión y desconexión, ofrecer datos sobre seguridad vial, proveer elementos de seguridad según el vehículo y habilitar mecanismos digitales y telefónicos para que los repartidores presenten quejas y reclamos. 

Por su parte, los repartidores deben inscribirse ante la autoridad fiscal, informar su CBU o CVU para recibir pagos, cumplir con las normas de tránsito y aceptar los términos de la plataforma. 

Entre los derechos que el borrador contempla para los repartidores se destacan: rechazar pedidos sin justificarlo; recibir explicaciones en caso de bloqueos de cuenta junto con “derecho a réplica”; solicitar la portabilidad de sus datos; recibir capacitación gratuita sobre el funcionamiento de las plataformas; recibir formación en seguridad vial; y acceder a un “seguro de accidentes personales” que cubra fallecimiento accidental, incapacidad, gastos médicos y funerarios. 

También se reconoce que deben recibir el 100 % de las propinas que los usuarios otorguen: “el cien por ciento del monto otorgado en gratificaciones o propinas” debe ir al repartidor, según el texto. 

La autoridad de aplicación de esta norma será el Poder Ejecutivo nacional, que reglamentará los detalles. Para lo que no esté previsto en la ley, se aplicará el Código Civil y Comercial como norma supletoria. 

Los analistas advierten que, pese a los nuevos derechos, el proyecto no modifica la condición de monotributistas y no reconoce la relación de dependencia: “la libertad de conexión y la exclusión de cualquier forma de contrato de trabajo son los ejes del proyecto”, según reporta IP UP. 

Por último, también hay críticas: según medios, uno de los redactores del proyecto tiene vínculos profesionales con Rappi, lo que genera dudas sobre si la reforma realmente representa mejoras para los repartidores o consolida su precariedad.