Las denuncias apuntaron directamente al gobierno de Javier Milei por agresiones físicas a trabajadores de prensa, campañas de odio desde el Poder Ejecutivo, persecución judicial y el desmantelamiento de los medios públicos.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), representado por su secretario adjunto Francisco “Paco” Rabini, llevó una presentación centrada en el deterioro acelerado de las condiciones laborales y de seguridad de quienes ejercen el periodismo. “Desde hace dos años la libertad de expresión y de prensa están siendo atacadas de forma constante y planificada”, afirmó. Y agregó: “Es la primera vez que, en democracia y desde la conducción del gobierno, se diseña, dirige y alienta una campaña de ataque contra los periodistas y trabajadores de prensa”.

Rabini recordó que el propio presidente Javier Milei “tuiteó: ‘No odiamos lo suficiente a los periodistas’”, y advirtió que esas expresiones tienen consecuencias concretas. Señaló ataques físicos sufridos por reporteros gráficos de Tiempo Argentino y Clarín durante coberturas del Presidente, y el caso del periodista Roberto Navarro, agredido a golpes por un desconocido. También repasó la represión a la prensa durante protestas sociales: “Solo en la manifestación del 1 de febrero de 2024 contabilizamos 52 trabajadores de prensa heridos”. El caso más grave fue el del fotógrafo Pablo Grillo, que “quedó al borde de la muerte por una granada de gas disparada directo a su cabeza”.

Otra preocupación señalada fueron las demandas judiciales presentadas por el Presidente contra periodistas. “Son denuncias sin sustento cuyo único objetivo es acallar”, dijo Rabini, recordando el caso de Ari Lijalad, cuya nota fue republicada por más de 600 periodistas como gesto de defensa colectiva.

El dirigente también denunció el “desguace” de los medios públicos, con el vaciamiento de Télam, Radio Nacional, la Televisión Pública y las señales educativas. “Es un atentado contra la libertad de expresión y el sistema federal de medios”, afirmó, señalando además recortes en fondos de fomento y la reorientación arbitraria de la pauta oficial que afecta a medios comunitarios.

En paralelo, Julia Mengolini, periodista y fundadora de Futurock, relató su experiencia personal de violencia digital y persecución política. “Desde que Milei asumió la presidencia, el clima para ejercer el periodismo se volvió asfixiante”, dijo. Denunció que fue víctima de una campaña de difamación con imágenes sexualizadas creadas con inteligencia artificial, acompañadas de amenazas: “Incluso amenazaron a mi hija”. Aseguró que el propio Presidente amplificó esa agresión: “Publicó casi 100 mensajes en mi contra en cuatro días y justificó la violencia diciendo que ‘me merecía el vuelto’”.

Mengolini también describió el hostigamiento judicial: “Fui demandada por hacer una cobertura periodística de un conflicto laboral en el hospital Garrahan. Como las otras denuncias del Presidente, la causa fue desestimada”.

Ambas exposiciones coincidieron en el carácter sistemático de las agresiones hacia la prensa y en la necesidad de una intervención internacional. “Atacan a los periodistas y a los trabajadores de prensa porque quieren destruir el rol social de la comunicación”, sostuvo Rabini. Mengolini pidió a la CIDH que “exija al Estado argentino garantizar condiciones para ejercer el periodismo y condene el uso de aparatos estatales para hostigar a la prensa”.

La audiencia fue solicitada por SiPreBA, CELS, FOPEA, Amnistía Internacional y otras organizaciones. También participaron víctimas directas de ataques a la prensa, en un contexto que —según coincidieron los expositores— compromete el derecho a la información y el ejercicio profesional en todo el país.