En Argentina, la problemática del trabajo no registrado persiste de manera alarmante, siendo el sector de casas particulares uno de los más afectados. Según datos oficiales, de los 1,4 millones de trabajadores en este rubro, un abrumador 78% no está registrado, revelando una realidad preocupante que afecta principalmente a mujeres.

Desigualdad de género

La estadística más destacada, según publica la agencia Noticias Argentinas, es que el 99,3% del personal doméstico es femenino. En la provincia de Buenos Aires, esta ocupación representa la tercera fuente de empleo para las mujeres, constituyendo el 18% del total de asalariadas. Este dato refleja la desigualdad de género arraigada en el ámbito laboral, donde las mujeres se encuentran concentradas en sectores precarios y con condiciones laborales desfavorables.

Tareas y responsabilidades

Un informe del ex Ministerio de Trabajo de la Nación resalta que el 72,3% de las trabajadoras de casas particulares se dedican a tareas como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina. Además, el 24,5% se ocupa de la asistencia y cuidado de personas, demostrando la amplitud de responsabilidades que recaen sobre estas empleadas.

Otro dato alarmante es que el 48% de estas mujeres son jefas de hogar, llevando sobre sus hombros la responsabilidad de sostener económicamente a sus familias. Tres de cada diez tienen hijos menores de 18 años a su cargo, lo que intensifica la vulnerabilidad de esta fuerza laboral, que se enfrenta a condiciones de trabajo precarias sin acceso a derechos laborales básicos.

El Fin del Programa Registradas y sus Consecuencias

Hasta el 31 de diciembre de 2023, estuvo en vigor el Programa Registradas, que buscaba fomentar la incorporación de las empleadas domésticas al sistema formal. Sin embargo, la decisión del Gobierno de Javier Milei de no dar continuidad a esta iniciativa deja un vacío significativo en la lucha contra el trabajo no registrado en el sector.

Esta elección gubernamental plantea interrogantes sobre el compromiso del Estado con la mejora de las condiciones laborales de un sector vulnerable. La falta de políticas específicas para abordar esta problemática podría exacerbar la precariedad laboral y perpetuar la invisibilidad de un colectivo que desempeña un papel fundamental en la sociedad.