El líder mercantil aceita sus vínculos con el oficialismo para blindarse judicialmente. El resto de los imputados temen ser en quienes recaiga el desvió de $53 millones de Osecac.
La relación entre Armando Cavalieri y el Gobierno Nacional pasa por un momento idílico. A pesar de que el arco sindical en su conjunto muestra las marcas que le dejó la presión oficial para firmar paritarias del 15% y la preocupación por la sangría constante de puestos de trabajo perdidos, el líder mercantil intercambia elogios con el ministro de Trabajo y sus vínculos son cada vez más cercanos.
De hecho, el plan del gremialista es apostar a un blindaje por parte del oficialismo para que el 19 de junio, día en que finalmente tenga que ir a su indagatoria en la Justicia Federal de la ciudad de Córdoba por la causa que investiga el desvío de $53 millones en la Obra Social del gremio, no deba atravesar mayores turbulencias.
Claro que esa aspiración, que puede tener un correlato con la realidad, deja al resto de los imputados en una situación de vulnerabilidad. Es que alguien deberá pagar por las irregularidades en Osecac y las segundas líneas son conscientes de que el hilo siempre se corta por lo más delgado.
De hecho José Luis Oberto, el secretario General del gremio de empleados de Comercio de Río Cuarto y director nacional de Osecac reconoció en las últimas horas que el 19 de junio, cuando también tenga que prestar indagatoria, puede quedar complicado en la causa.
Por primera vez el riocuartense, en reunión de comisión directiva y ante delegados que no le responden, explicita el miedo de terminar preso. Oberto hasta ahora había sostenido, sistemáticamente, que no iba a tener mayores problemas y que las dudas que lo salpicaban eran fruto de internas ajenas.
El temor de Oberto se extiende al resto de los imputados en la causa, que imaginan que el salvataje de Cambiemos a Cavalieri los deja expuestos y sin paraguas para tener que responder ante el el juez federal Nº 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Los sindicalistas, entonces, deberán hacer malabares para explicar el destino de $53 millones en cheques librados para el pago de prestaciones irregulares en la provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
De acuerdo con la investigación, los valores habrían sido cobrados en Córdoba por Javier Guevara Amado, contador del empresario Euclides Bugliotti a través de la mesa de dinero que funcionaba en la financiera CBI Cordubensis y los cheques depositados en cuentas fantasmas de Halabo SA y Jotemi SA en al sucursal Córdoba del Banco Nación. También se señala que muchos valores terminaron en Toyota Compañía Financiera SA y Centro Motor S.A.
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