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JULIÁN BLEJMAR

La caída del uno por ciento en el poder adquisitivo de los salarios privados registrados, que se extiende al cinco por ciento entre los informales, prácticamente borra la tenue recuperación del 1,6 por ciento en el promedio general que se había dado durante los primeros dos años del actual Gobierno. De esta forma, los ingresos laborales se sitúan en el mismo nivel en el que se encontraban antes de que la alianza Cambiemos arribará a un acuerdo con el FMI, es decir un 19,7 por ciento por debajo del último trimestre de 2017.

Las cifras de la última caída salarial surgen del último relevamiento del Observatorio Económico Regional Urbano (Oeru) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYO, que agregó además que, medidos en relación a marzo de 2021, los salarios registrados aumentaron solo un 0,4 por ciento, pero los informales, que perciben cerca del 33 por ciento de los trabajadores, cayeron en 9 puntos.

El dato se vincula con las críticas efectuadas por la vicepresidente Cristina Kirchner a la gestión del Ejecutivo, cuyas políticas efectivas propiciaron un aumento de las exportaciones en detrimento del consumo privado, un elemento contrario al propulsado por los gobiernos kirchneristas, que privilegiaban para el crecimiento de la economía el mercado interno por medio de políticas favorables a la suba real de salarios y jubilaciones.

De hecho, de acuerdo al Centro CIFRA de la CTA, la incidencia en la demanda agregada del consumo privado en 2021, de 61,8 por ciento, fue la menor del siglo XXI, incluso por debajo de la gran crisis de 2001, pues en 2002 la incidencia del consumo en la demanda fue del 61,9 por ciento. Asimismo, este centro de estudios plantea que el consumo privado cayó de forma ininterrumpida entre 2018 y 2020.

El cuadro se liga también a las últimas discusiones vinculadas a las subas de las retenciones, solicitadas públicamente por el Secretario de Comercio Roberto Feletti  y otros funcionarios y economistas que se desempeñaron bajo el Gobierno de Cristina Kirchner, pero rechazadas por el ministro de Economía Martín Guzman y el ministro de Agricultura Julián Dominguez. Sucede que un aumento de las mismas desacoplaría más profundamente el precio de los alimentos locales de su cotización en el exterior, con lo cual reducirían la pérdida de poder adquisitivo del salario experimentada hasta el momento.

Al mismo tiempo, esta modificación en las retenciones podría generar menos saldos exportables y restaría el ingreso de dólares, ampliamente necesarios para el Gobierno en su objetivo de sostener el crecimiento del empleo en el marco de una industria local ampliamente dependiente de insumos importados, aunque también en su política de facilitarle a los grupos económicos el pago de sus deudas en dólares, -recibieron 19.762 dólares a precio oficial entre 2020 y 2021-, y de cumplir asimismo con su compromiso con el FMI de acumular 5.800 millones de dólares durante el presente año.

De hecho, la orientación exportadora del actual Gobierno quedó evidenciada en 2021, cuando la suba de las mismas en la demanda general, del 16,6 por ciento del PBI en 2020 al 18,3 por ciento, contrastó con la caída del consumo privado, que fue del 63,5 por ciento del PBI en 2020 y del 61,6 en 2021.

Si bien en esto tuvo que ver el efecto de la suba en los precios internacionales de los productos de exportación, no menos real es que el Gobierno eligió mantener el nivel de retenciones, las cuales se encuentran actualmente entre un 30 y 33 por ciento para la soja, 12 por ciento para el trigo y maíz y 7 por ciento para el girasol, es decir en todos los casos por debajo de los valores en los que finalizó el gobierno de CFK, cuando las retenciones a la soja eran del 35 por ciento, de 32 para el girasol, 28 para el trigo y 25 para el maíz.

De la misma forma, en lo que va del primer trimestre de 2022 las exportaciones alcanzaron un record de 19.352 millones, producto que, a causa de la guerra, las materias primas mantuvieron su ciclo ascendente al subir otro 28 por ciento de promedio, mientras que, como lo demostró la UNCUYO, el salario privado registrado e informal continuó cayendo.