Con una nueva movilización al Ministerio de Trabajo y la Casa Rosada, los trabajadores autoconvocados de Latam volvieron a reclamar por su continuidad laboral, en momentos que la filial de la aerolínea de bandera chilena parece decidida a cerrar definitivamente sus actividades en el país. Si bien sigue operando en terminales nacionales vuelos internacionales, la firma envió hace unos días telegrama de despidos a los cerca de 200 empleados que se mantienen en conflicto, que se suman a los más de 1.500 que aceptaron los retiros voluntarios ofrecidos. En la nueva jornada de protesta, los trabajadores aseguran que buscan mantener sus puestos en el sector aerocomercial, para lo cual pidieron a las autoridades que cumplan su compromiso de reubicarlos en otras compañías. Además, le pidieron una audiencia al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para explicarle la magnitud del problema. En los últimos meses, se había denunciado que Latam opera rutas a países del continente con personal extranjero, mientras mantiene con pagos parciales a los empleados en conflicto.

La nueva marcha comenzó en la sede de la cartera laboral, y terminó frente a la Casa Rosada, donde pidieron que el presidente los reciba. En el primer punto, denunciaron los “despidos ilegales” que realizó la firma en los últimos días, cuando comenzó a confirmar el cierre de la filial argentina.” Fuimos a denunciar el envío masivo de telegramas de despidos a las personas que hasta hace 15 días teníamos una contratación vigente con la aerolínea”, sostuvo Martín Tomé, delegado de los trabajadores. En diálogo con Gestión Sindical, explicó que los despidos “son ilegales en el marco del decreto que está en vigencia a nivel nacional, y que se completa con las más de 1.500 desvinculaciones indirectas que hizo la empresa, a través de los llamados retiros voluntarios”. Por su parte, la empresa informó que “desde el anuncio del cese, la compañía puso a disposición de sus colaboradores un programa de retiro voluntario mediante el cual se alcanzaron más de 1.500 acuerdos individuales, y finalizó de común acuerdo los vínculos con todos los gremios involucrados”.

Durante la movilización, los trabajadores afirmaron que Latam “extorsionó durante meses con los retiros voluntarios”, y que ahora decidió enviar los telegramas de forma arbitraria. “Seguimos peleando como hace 11 meses por la continuidad laboral dentro del rubro aeronáutico”, destacó Tomé, que adelantó que volvieron a pedir a las autoridades nacionales que mantengan las negociaciones abiertas. “Necesitamos que ese compromiso asumido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el ministerio de Trabajo y Transporte se concrete”, dijo, en referencia a las conversaciones con otras compañías del sector, para que puedan incorporar a los empleados despedidos. En este sentido, en el Ministerio de Trabajo fueron recibidos por Juan Pablo Capurro, asesor del Secretario de Trabajo, quien se comprometió a brindar “una nueva audiencia la semana próxima”.

A comienzos de febrero, los trabajadores autoconvocados de Latam fueron recibidos por la cúpula de la ANAC, encabezada por su titular, Paola Tamburelli. Allí se analizó el estado de situación del conflicto nacido el 2020, cuando la firma anunció el fin de sus operaciones de cabotaje. Pese a esto, en los últimos meses se logró una autorización para aumentar las operaciones, y en la actualidad tiene entre 30 y 40 vuelos a Chile, Brasil y Perú, con personal extranjero. Ante la falta de respuesta, en la jornada de ayer jueves se movilizaron a la Casa Rosada, donde pidieron una audiencia con el presidente Alberto Fernández. “La gravedad del conflicto y la magnitud del mismo amerita que nos reciba el primer mandatario”, recalcó Tomé.

Hasta el momento, los cuatro destinos internacionales que cubría Lan Argentina en conjunto con otras filiales, a Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú seguirán siendo operados por las otras filiales, señaló el comunicado de la firma. Fuentes de la empresa precisaron que esas operaciones serán asumidas por Lan Chile, Lan Perú y Lan Brasil. Además confirmó que de los 1.715 empleados que tenía la filial argentina se alcanzaron acuerdos con 1.522 de ellos (89 por ciento del total), a los que a lo largo de los últimos meses la empresa les fue ofreciendo distintas combinaciones de extensión de cobertura de salud, tickets de la compañía y monto de retiro. En el caso de los 193 (11por ciento del total) con los que no hubo acuerdo la relación se considera extinguida por cese de la empresa y se aplicará el régimen indemnizatorio vigente, al que el gobierno nacional, en la última extensión de la “doble indemnización” por despido, había fijado un tope de 500 mil pesos.