Por Luis Autalan

Los secretarios generales de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma (CTAA), Hugo "Cachorro" Godoy, presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, por presuntas tareas de espionaje ilegal sobre organizaciones sindicales, dirigentes políticos y movimientos sociales.

La denuncia fue radicada ante la justicia federal luego de que el domingo 3 del corriente el diario La Nación, publicó una investigación que revela la existencia de informes secretos elaborados por la SIDE. Los documentos en cuestión habrían monitoreado actividades políticas y sindicales completamente lícitas, como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales.

Ambas centrales sindicales que transitan un proceso de unificación desde hace meses, aparecen mencionadas en esos informes, al igual que otras expresiones del movimiento obrero y social. Los documentos incluyen fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados, sin que se mencione ningún riesgo a la seguridad nacional. Según la denuncia, su objetivo sería exclusivamente el de “mapear y anticipar acciones opositoras”, en una práctica que viola la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25.520), además de los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política.

Como publicó BAE Negocios entre las organizaciones que también denunciaron haber sido objeto de espionaje se encuentra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). En un reciente comunicado, la conducción del gremio repudió lo que calificó como “un ataque ilegal que apunta a coartar la libertad de organización y lucha conquistada por los trabajadores”. El Sutna se sumó así a los sectores que exigen el cese de estas prácticas y la intervención de la Justicia.

“Fueron los hombres de gris”

La presentación de las CTA solicita que se investigue si los informes fueron elaborados por orden judicial; en caso contrario, exige determinar la responsabilidad penal de los funcionarios implicados, incluido el Presidente, en su carácter de máxima autoridad del sistema de inteligencia nacional. Asimismo, las centrales solicitaron ser notificadas formalmente sobre el avance de la causa para ser querellantes, en representación de los trabajadores y trabajadoras que pudieron haber sido víctimas de estas maniobras ilegales.

En palabras de ambas centrales: “No hay justificación legal ni judicial para estas prácticas que remiten a lo peor del pasado autoritario en nuestro país. Espiar a opositores, sindicatos y movimientos sociales con fines políticos es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho”.