El escenario fiscal para el 2025 presenta fuertes desafíos para el Gobierno, con un déficit fiscal que ha alcanzado cifras alarmantes y una serie de recortes en el gasto público que afectan directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Estos ajustes, según publicó el centro CEPA durante el fin de semana y que incluyen la disminución de transferencias a provincias y la reducción de programas sociales, ya han tenido repercusiones en los salarios y en la calidad de vida de los trabajadores.

Gasto público en caída: el impacto en los trabajadores

Durante 2024, el gasto público registró un aumento nominal del 80%, pero la caída real fue del 17,5%, la menor en todo el año. Este recorte refleja un ajuste fiscal que, aunque necesario para reducir el déficit, ha tenido efectos devastadores en los sectores más vulnerables. Las transferencias a provincias, que financian sectores clave como la salud, la educación y la seguridad, cayeron un 67% en diciembre y un 68% en el año, lo que repercute en los salarios de los docentes, policías y trabajadores de la salud. Este recorte también afecta a los programas educativos y de bienestar social, lo que limita el acceso de los trabajadores y sus familias a servicios esenciales.

Salarios en riesgo

Los recortes en programas sociales como Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, junto con la disminución de las prestaciones de PAMI, reflejan un ajuste que recae principalmente sobre los sectores más necesitados. Aunque las jubilaciones aumentaron un 15% en diciembre, la caída acumulada en 2024 fue del 17%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo para los jubilados.

Además, informa el CEPA, el ajuste en la obra pública y en otros sectores afecta indirectamente a los salarios y condiciones laborales de miles de trabajadores, al reducirse las oportunidades de empleo en estos sectores y aplicando la rotación laboral como cebo para el engaño de las estadísticas.

Tenue recuperación económica

A pesar de algunos indicios de recuperación económica hacia fin de año, los desafíos fiscales para 2025 se presentan un tanto complejos. El Gobierno no contará con los ingresos extraordinarios que le permitieron sostener el gasto en 2024, como el blanqueo o la moratoria, lo que deja a la administración con menos margen de maniobra para ajustar el gasto público sin afectar aún más a los trabajadores. El recorte en la obra pública, que ya ha sido reducido en un 1,2% del PBI, y la menor transferencia a provincias limitan las opciones para un ajuste fiscal sin consecuencias negativas para los salarios y la calidad de vida de los trabajadores.

Los datos aportados por el CEPA de 2024 y las proyecciones para 2025 reflejan un panorama de ajustes fiscales y recortes en el gasto público que afectarán de manera directa a los trabajadores y en consecuencia, a sus organizaciones de representación gremial. Los salarios ya enfrentan una presión creciente debido a la caída en el poder adquisitivo, mientras que los recortes en programas sociales y servicios públicos impactan principalmente en los sectores más vulnerables.