Los desastres empresariales de Edesur no solo se limitan a brindar un servicio deficiente, sino también a lucrar con los bienes del Estado. Vanesa Siley y Walter Correa, ambos diputados nacionales por el FpV-PJ le dieron comienzo a un amparo hacia el Ente Nacional Regulador de la Electricidad a causa de los bienes públicos que la firma energética privada colocó a la venta.

El expediente judicial que iniciaron los integrantes de la Corriente Federal, se basa en la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. La semilla la puso el gremio de Carlos Minucci, secretario general de los supervisores de empresas de energía (APSEE).

En enero de 2019, tanto Siley, a cargo de la Fesitraju, como Correa, titular del sindicato de trabajadores Curtidores, ingresaron como legisladores a la Cámara de Diputados un pedido de informes ya Edesuer tenía en venta inmuebles y oficinas comerciales. “Inmuebles que forman parte del contrato de concesión, por lo que su venta debiera ser controlada y regulada por el Ente”, se quejaron los sindicalistas.

¿Qué pasa con los inmuebles que EDESUR puso en venta? ¿Se trata de desprendimiento de activos ante una situación preconcursal? Presentamos un amparo dirigido al ENRE para que responda a la Justicia lo que aún no nos respondió a nosotros ⁦@dipwaltercorrea⁩ 👇 pic.twitter.com/0v6g9ZlwFb

— Vanesa Siley (@Vsiley) 28 de marzo de 2019

Ambos consideran un llamado de “alerta” y preocupación las intención de vender los inmuebles de Quilmes, Avellaneda y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque podrían formar parte de “una típica maniobra de desprendimiento de activos ante una situación pre-concursal o de quiebra que pudiera afectar tanto a trabajadores como a usuarios”.

En los próximos días, la acción judicial debería dar respuestas ante los reclamos de los diputados.