Por: Ricardo Carpena.

Las negociaciones entre Walmart y el Sindicato de Camioneros se empantanaron, por lo que el Ministerio de Trabajo extendió la conciliación obligatoria por otros cinco días. De todas formas, ambas partes mantienen tratativas extraoficiales (se explora el pago de un bono) para intentar alcanzar un acuerdo ante el reclamo de que la cadena de supermercados eche, indemnice y vuelva a contratar a unos 500 empleados del centro de distribución en Cuartel V, Moreno, provincia de Buenos Aires.

El gremio liderado por Hugo y Pablo Moyano exige desde 1998 ese resarcimiento a los empleados de nuevas concesiones de servicios o de empresas que cambian de dueños, mientras que la empresa que compró Francisco de Narváez en 2020 argumenta que sólo hubo cambio de accionistas, con el mismo CUIT, y advierte: “No podemos negociar algo que no está en la ley”.

Tras la negativa, el sindicato comenzó a trabajar a reglamento y a realizar “otras medidas de fuerza encubiertas” que “derivaron en una caída del 75% en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de 1.000.000 de familias en todo el país”, según una solicitada de Walmart del 25 de marzo, con el título “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

El Ministerio de Trabajo declaró la conciliación obligatoria y habilitó dos semanas de negociaciones, que finalizaron este lunes. En los contactos informales se hablaba de la posibilidad de pagar un bono a los empleados del centro de distribución porque la fórmula de echar, indemnizar y volver a contratar “está fuera de la legislación vigente”, según lo advirtieron voceros de la empresa.

Pero en la última audiencia la comitiva de Camioneros se endureció más y no aceptó analizar otra alternativa que no fuera su reclamo original, pese a que el encuentro anterior se distendió el clima cuando se sumó a las deliberaciones el abogado de Walmart Lucio Zemborain, a quien el sindicato conoce porque desde hace 35 años es asesor legal de cámaras del transporte automotor de cargas.

Para el gremio de los Moyano, el tipo de reclamo efectuado a Walmart “comenzó en 1998 con Manliba y desde entonces se aplicó en empresas de recolección de residuos, logística, correos y aguas gaseosas, y el último antecedente fue una distribuidora de bebidas en Formosa, siempre con los acuerdos homologados en el Ministerio de Trabajo”.

“Estas propuestas se generan cuando hay un traspaso de manos en una empresa o cuando se van del país compañías internacionales y viene un nuevo dueño del que no se conoce su solvencia ni sus antecedentes -explicó a Infobae un dirigente de Camioneros-, entonces indemniza a los trabajadores y los vuelve a contratar porque se genera una incertidumbre terrible”.

En rigor, se trata de un planteo insostenible desde el punto de vista legal, pero que en el mundo empresarial ya se conoce como “la ley Moyano” y que fue el eje de numerosos reclamos del gremio desde 1998, cuando finalizó la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal y los empleados de aquella firma terminaron desempeñándose en otras empresas o con otras condiciones de trabajo.

El pedido de echar, indemnizar y volver a contratar quedó pendiente hasta que Mauricio Macri, ya como jefe de Gobierno y aspiraciones de un proyecto político, impulsó en 2012 en la Legislatura porteña la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para pagarles la indemnización a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión desde que fue Manliba.

Desde entonces, la “ley Moyano” se impuso no sólo en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura sino también en una distribuidora de la cervecería Quilmes (81 empleados) y en filiales locales de empresas internacionales como DHL (donde 75 personas pasaron a Exo Logística) y FedEx (que absorbió a 100 trabajadores de TNT Argentina y les pagó la antigüedad y el 100% de las indemnizaciones en una cuota).

Además de Walmart, Camioneros hizo el mismo reclamo en el Grupo Garbarino para los 180 trabajadores del centro de distribución en La Tablada, afiliados a Camioneros, y en las últimas semanas se negocia extraoficialmente un bono como “compensación económica” por el cambio de manos de la empresa, que en junio pasado fue adquirida por el empresario Carlos Rosales.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo públicamente que “no hay ninguna norma que obligue a la empresa a pagar” lo que le estaban exigiendo a Walmart, lo que originó duras críticas de Pablo Moyano: “Nos llama la atención el señor Moroni haya dicho que no corresponde el pago de la indemnización, siendo un reclamo legítimo (...) No sabemos si este ministro, que es de un gobierno peronista, habla a favor de los empresarios. No nos llama la atención que demore las resoluciones. No es casualidad que haya extendido los mandatos de la CGT. Rechazamos sus expresiones y lo invitamos a este ministro seudoperonista que les explique a los trabajadores en una asamblea”.

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que Camioneros mantiene en el partido de Moreno por el reclamo de que la Municipalidad que encabeza la intendenta kirchnerista Mariel Fernández pague la indemnización a unos 270 empleados de una cooperativa ligada al sindicato y que se encarga de la recolección de residuos desde 2020.

La intendenta Fernández, dirigente del Movimiento Evita, rescindió el año pasado el contrato con la empresa El Trébol, a cargo de la recolección de basura en el partido, y llegó a un acuerdo con Hugo y Pablo Moyano para que la cooperativa Gestionar, vinculada al sindicato, absorbiera los trabajadores de aquella compañía y se ocupara de los residuos. En realidad, es un sistema mixto en el que el Municipio se dedica a la logística del servicio y delega la recolección en esa cooperativa.

Gestionar se comprometió a pagar el 15 de abril las indemnizaciones al personal que era de El Trébol, pero esta empresa argumentó que no contaba con el dinero para hacerlo debido a las multas que le aplicó el Municipio ante el incumplimiento del pliego de servicios.

Por eso el Sindicato de Camioneros comenzó el miércoles pasado un paro de actividades en Gestionar que afectó hasta el sábado la recolección de residuos, mientras los trabajadores de la cooperativa se instalaron ante el edificio de la Municipalidad en protesta por “la falta de pago de las indemnizaciones por parte de la Municipalidad de Moreno”, aunque es responsabilidad de El Trébol.

Allegados a la intendenta afirmaron a Infobae que “el Municipio, junto a Camioneros, agotarán todas las vías para que la empresa El Trébol pague su deuda” y no brindaron más detalles de la negociación.