Por FRANCISCO BASUALDO.

Sin designación formal y a la espera que se publique en los próximos días, el abogado Fabián Nesis volvió a tomar el control la semana pasada de una de las áreas clave del Ministerio de Trabajo, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). El laboralista se desempeñó en ese puesto durante ocho años, entre 2007 y 2015, en tiempos en los que Carlos Tomada era ministro, pero había arribado a ese puesto de la mano de Álvaro Ruíz, otro reconocido abogado que durante ese período ocupó la Subsecretaría de Relaciones Laborales.

La designación de Nesis oxigenará así una oficina de alta sensibilidad para el mercado laboral, ya que ahí se tramitan los acuerdos de desvinculación entre trabajadores o empleados o, por el contrario, es el ámbito que intenta conciliar los conflictos y evitar que se eleven a la justicia laboral. 

Durante los últimos meses, sobre todo a partir de la crisis económica desatada por la pandemia, el funcionamiento del SECLO fue cuestionado por funcionar de manera muy limitada y, cuando se activaba, se transformaba en el canal donde se sellaron desvinculaciones en el marco del artículo 223 bis y que, por tratarse de acuerdos individuales y supuestamente voluntarios, no requerían del visto bueno de los sindicatos.

El trabajo infantil implica una violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, afecta su trayectoria educativa y genera daños físicos y psicológicos.

La ley prohíbe el trabajo infantil y protege el trabajo adolescente.

Denunciá 👉0800-666-4100#NoAlTrabajoInfantil pic.twitter.com/n06RH2WKOp

— Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (@MinTrabajoAR) June 12, 2020

Las críticas apuntan a que esa fue la mecánica patronal para implementar despidos encubiertos que, según el Informe de Situación y Evolución del Trabajo Registrado de la cartera laboral, implicaron la pérdida de más de 105 mil empleos formales entre marzo y mayo.

Nesis conoce al dedillo este tipo de mecanismos empresarios. De hecho, durante su gestión, se agudizaron los controles para evitar que los grandes estudios laboralistas propatronales le impusieran, de manera encubierta, representantes legales a los trabajadores en conflicto, facilitando así acuerdos beneficiosos para las empresas. El desafío ahora será cómo restablecer esos controles de patrocinio en paralelo a que se implementen mecanismos virtuales más operativos. 

El recambio implica además un nuevo desplazamiento de funcionarios alineados con el gobierno de Cambiemos. Tras el despido de Josefina Sanz, que supo ser jefa de Gabinete durante la gestión de Dante Sica y se había reciclado en un puesto de menor trascendencia, al igual que varios funcionarios de áreas de segunda y tercera línea, ahora es el turno Roberto Picozzi, un abogado que llegó impulsado por La Cámpora y durante el macrismo escaló hasta queda a cargo de ese servicio.