Según denuncian los empleados, más de 300 puestos de trabajo se encuentran en riesgo. A los cierres ya concretados en el interior del país en provincias como Córdoba, Salta y Mendoza, se suman ahora despidos y anuncios de próximos cierres en CABA, además de cesantías en la casa central, donde funciona el área administrativa.

“Es mentira que están en crisis. Sabemos que la empresa en reiteradas oportunidades intentó presentarse en quiebra y no le aceptaron la documentación”, afirmó una trabajadora en declaraciones a AM 750. En el mismo sentido, los empleados aseguran que desde comienzos de este año la empresa dejó de cumplir regularmente con los aportes previsionales, situación que se agravó desde septiembre, cuando directamente dejaron de abonarlos en su totalidad.

La situación salarial también se deterioró: en noviembre, los sueldos se pagaron en tres cuotas y, en paralelo, la empresa habría dejado de abonar alquileres de numerosos locales comerciales. A esto se sumó una reducción progresiva del stock de medicamentos. Desde octubre, la falta de productos se profundizó, con depósitos casi vacíos y la ausencia de unas 140 especialidades medicinales, lo que impactó directamente en las ventas.

Los trabajadores sostienen que la caída en la facturación no se debe a una falta de demanda, sino a una decisión empresarial de no reponer mercadería ni buscar alternativas con otros laboratorios o droguerías. “La empresa tomó la política de no traer productos ni buscar reemplazos”, explicaron a InfoGremiales. Además, señalaron que se habrían emitido cheques sin fondos por montos millonarios, lo que llevó a que algunos proveedores dejaran de venderles, sin que, según explican, se buscaran alternativas.

Durante meses, el hermetismo de la patronal alimentó la incertidumbre. Hubo versiones cruzadas sobre la búsqueda de inversores, una posible venta de la cadena o la continuidad de los puestos de trabajo. Sin embargo, mientras se difundían esos mensajes, comenzaron a circular telegramas de despido fechados a mediados de diciembre, incluso antes de que se anunciara el pago del aguinaldo, que solo fue abonado a una parte del personal.

En los telegramas, la empresa invoca una supuesta crisis económica y aplica el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago del 50% de la indemnización. Los trabajadores cuestionan la legalidad de esta medida, ya que el sindicato ADEF (Asociación de Empleados de Farmacias) rechazó el Procedimiento Preventivo de Crisis y, según denuncian, no existiría un trámite vigente ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Además, remarcan que los despedidos son empleados con alta antigüedad —todos superior a los 11 años—, lo que contradice el argumento de una reestructuración por crisis, que empiezan por los empleados cuyas desvinculaciones son más baratas.

Pese a este escenario, los empleados aseguran que la empresa continúa facturando cifras importantes. “Hay sucursales que facturan hasta 3 millones de pesos por día”.

En cuanto al rol del gremio, los trabajadores expresaron fuertes críticas hacia ADEF por la falta de medidas de fuerza y de convocatoria a asambleas: “Ni siquiera hay un posteo en el facebook que diga ‘Basta de despidos en Dr. Ahorro’ nada. Lo único que pusieron es felices fiestas”, se lamentó en diálogo con este medio, una de las trabajadoras que todavía es empleada pero espera su telegrama de un momento a otro. Ante el avance de los despidos, desde las propias farmacias comenzaron a impulsar la organización de asambleas autoconvocadas para definir un plan de acción conjunto.

“Es fundamental organizarnos todos, despedidos y activos, para frenar los despidos, impugnar las causas y pelear por las reincorporaciones o las indemnizaciones completas. La prioridad es defender la fuente de trabajo”, expresó.

El conflicto sigue abierto en medio de un fuerte clima de incertidumbre y crece la preocupación entre los trabajadores ante la posibilidad de un cierre generalizado de la cadena.