El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto por el cierre de FATE, reactivando formalmente un enfrentamiento que lejos de resolverse, escala en tensión y volumen político. La medida llega después del vencimiento de la instancia nacional, que concluyó sin acuerdo entre las partes.

Walter Correa, ministro de Trabajo de PBA. Foto: Sonido Gremial

En la disposición oficial arrojada desde La Plata, la cartera laboral bonaerense no minimiza el escenario y califica el caso como un “conflicto colectivo de extrema gravedad”, al tiempo que advierte sobre la necesidad de “garantizar la paz social” frente a posibles desbordes.

La intervención provincial, a cargo de Walter Correa se da luego de que el SUTNA denunciara el sostenimiento de un “lock out patronal ilegal, inescrupuloso y temerario” por parte de la empresa, señalamiento que fue incorporado como eje del expediente administrativo.

La medida obliga a las partes a retrotraer la situación: por un lado, el gremio que conduce Alejandro Crespo deberá dejar sin efecto cualquier medida de fuerza en curso o prevista, mientras que la empresa queda intimada a abstenerse de acciones que vulneren la buena fe negocial, en un contexto donde los despidos masivos y el cierre de planta siguen siendo el núcleo del conflicto. Trabajo advirtió sobre el incumplimiento de estas disposiciones, las cuales podrían derivar en sanciones económicas e incluso en medidas de mayor alcance.

Pero más allá del plano estrictamente laboral, la decisión abre una lectura política inevitable. Con la conciliación nacional ya vencida y sin resultados, la administración de Axel Kicillof toma la posta en el conflicto y reingresa como actor central en la negociación. El movimiento expone, en los hechos, dos modelos de abordaje: mientras el gobierno de Javier Milei dejó caer la instancia sin resolución, la Provincia opta por reactivar los mecanismos de intervención estatal para contener una crisis con fuerte impacto social.