En el documento, FESPROSA sostiene que la propuesta oficial no contempla beneficios para los trabajadores y, por el contrario, favorece a los empleadores, con consecuencias regresivas sobre los derechos laborales. La organización advirtió que la reforma impactaría directamente sobre más de un millón de trabajadores del sistema de salud, tanto del sector público como privado.

Entre los principales cuestionamientos, la federación señaló la restricción al derecho a huelga mediante exigencias consideradas desproporcionadas, así como la prohibición de realizar asambleas en los lugares de trabajo sin autorización patronal. Según el comunicado, estas medidas entrarían en contradicción con la Constitución Nacional y con convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, FESPROSA criticó las modificaciones en los mecanismos de retención de las cuotas sindicales y la reducción de las garantías para delegados y representantes gremiales, lo que —según indicó— debilitaría la capacidad de organización y defensa colectiva de los trabajadores.

Otro punto de preocupación es la creación de un fondo laboral que, de acuerdo con la federación, afectaría el sistema previsional al desviar recursos hacia la ANSES, con impacto directo en el monto de futuras jubilaciones. También se advirtió sobre la exclusión de los trabajadores de la salud pública del fuero laboral, proponiendo su traslado al fuero contencioso administrativo, y la posible disolución de la Justicia Nacional del Trabajo.

En ese marco, FESPROSA reclamó la suspensión inmediata del tratamiento parlamentario de la reforma y la apertura de un debate amplio con participación de las organizaciones sindicales y de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar que cualquier modificación al régimen laboral respete los derechos constitucionales y las normas internacionales vigentes.

El pronunciamiento se suma a las manifestaciones de rechazo expresadas por distintas organizaciones gremiales y centrales obreras frente al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, al que consideran un intento de avanzar en un proceso de flexibilización laboral y precarización de las condiciones de trabajo.