El reclamo por una recomposición salarial entre el personal de la Policía Bonaerense eclosionó y llevó al debate de la opinión pública una situación de pérdida de poder adquisitivo cada vez más desesperante entre los trabajadores de la administración pública, que ya habían avisado que en septiembre volverían a la carga para obligar al Gobierno a sentarse a la mesa, tal como contó días atrás El Cronista hace diez días.

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Las concentraciones de efectivos policiales en los cuarteles departamentales y la movilización hasta la Quinta de Olivos para condicionar al presidente Alberto Fernández, con la posterior oferta difundida por el gobierno de Axel Kicillof, obligaron a los funcionarios encargados de lidiar con los gremios de trabajadores estatales reconocidos a ceder en su plan original de dilatar las discusiones salariales hasta octubre, una vez que el Gobierno presentara su proyecto de Presupuesto para 2021 y las metas fiscales.

Kicillof anunció que ningún policía de la provincia cobrará menos de $ 49.000 de bolsilloAl presentar el plan de seguridad bonaerense, el gobernador informó que se elevará a $ 44.000 el sueldo mínimo de bolsillo, a lo que se suman $ 5000 de compensación para la compra del uniforme. En términos porcentuales representa una mejora de 11,35%.El Cronista / Cronista.com

Sin embargo, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) demandaron al inicio de la semana la urgente convocatoria de la comisión negociadora del convenio colectivo de trabajo para el sector público, demandaron "una pronta y satisfactoria respuesta" y se declararon en estado de alerta y movilización, ante una presión de sus bases urgidas de mejorar los ingresos.

Aunque las cartas enviadas al jefe de gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la secretaria de Empleo Público, Ana Castellani, aún no fueron respondidas, el Gobierno nacional hizo llegar por canales informales que adelantará la discusión y los convocará, probablemente, a partir del lunes 21 de septiembre. 

¿Es constitucional el decreto que le quita un punto de coparticipación a CABA?La decisión del Presidente fue tan abrupta que generó confusión en torno al instrumento del que se valió para formalizar la medida. Apenas conocida la letra chica, comenzaron los planteos en torno a su legalidad. ¿Qué dicen los que saben?El Cronista / DEBORAH DE URIETA

Los gremios contraatacaron diciendo que para esa fecha será tarde lograr una recomposición que llegue a los salarios en los primeros días de octubre e insisten en sentarse a la mesa la próxima semana, cuando pase el tumulto con los efectivos de seguridad de la Provincia, para discutir un programa de recupero de ingresos, la continuidad del bono de $ 5000 mensuales que se paga al personal sanitario y de las fuerzas armadas y de seguridad que trabajan en la primera línea contra el coronavirus.

La administración nacional y los entes públicos contaban en abril de 383.146 trabajadores, 186.875 de ellos civiles y 196.271 enrolados en fuerzas de seguridad o fuerzas armadas,  de acuerdo al Informe Trimestral de Empleo Público (ITEP) que elabora la Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). Según este organismo oficial, "el salario real promedio sigue cayendo entre el 2% y el 10%" en términos interanuales.

De acuerdo al ITEP, el personal administrativo del escalafón general (regulado por el Sistema Nacional de Empleo Público, Sinep) tenía en abril salarios brutos promedio de $ 56.500, que en mano orillaría los $ 47.000.