El informe difundido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, sostiene que los despidos no sólo redujeron gastos en salarios —calculados en 1.222 millones de dólares— sino también en costos indirectos como espacio de oficina, equipamiento y servicios, que duplicarían ese monto. “El ahorro logrado refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública”, afirma el documento oficial.

Desde la gestión sostienen que estas medidas forman parte de un “shock fiscal” para equilibrar las cuentas públicas, y anuncian que la estrategia “se profundizará con mayores recortes de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.

Para el sector sindical, en cambio, la realidad es otra. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que “el Estado no resiste más recortes” y alertó sobre el impacto de estas políticas en la prestación de servicios esenciales. Desde ATE y otras organizaciones se señala que los despidos y la reducción presupuestaria ya se reflejan en la debilitación de áreas como salud pública, educación, mantenimiento de rutas y prevención de desastres.

Un informe independiente reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que, más allá de los cálculos oficiales, la política de ajuste ha implicado una caída significativa del empleo público y de la capacidad operativa del Estado, con consecuencias directas en sectores sensibles.

Con estas cifras en mano, el Gobierno celebra el recorte como un logro contable, mientras trabajadores y gremios alertan sobre una factura social que podría cobrar más caro a largo plazo.