Se trata de una más de las tantas determinaciones de Federico Sturzenegger. Derogó la Decisión Administrativa N° 3 de 2004, que establecía que los contratos debían equipararse salarialmente según la categoría de la planta permanente correspondiente y ajustar el monto según la dedicación horaria.
El Ejecutivo de Javier Milei derogó una norma que durante más de dos décadas igualaba los sueldos de empleados estatales permanentes y contratados. La medida quedó registrada en la Decisión Administrativa 26/2025, publicada en el Boletín Oficial y avalada por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
De forma sucinta, el texto oficial derogó la Decisión Administrativa N° 3 de 2004, que establecía que los contratos debían equipararse salarialmente según la categoría de la planta permanente correspondiente y ajustar el monto según la dedicación horaria. Con la medida, los salarios de los contratados dejan de estar vinculados a los de la planta permanente, abriendo la puerta a una mayor licuación de sus ingresos.
Entre los fundamentos, el Ejecutivo explicó que «la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, en su carácter de Autoridad de Aplicación del referido régimen, se encuentra efectuando una revisión integral de la normativa aplicable a la materia de contrataciones de personal, con la finalidad de optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión de los organismos que integran la Administración Pública Nacional».
A pesar de la referencia a una modernización administrativa, el decreto concluye sin dar detalles adicionales, afirmando que «atento lo señalado deviene necesario derogar la Decisión Administrativa N° 3/04».
Vale remarcar que la reducción del poder adquisitivo se convirtió en un eje central de la política económica de Milei para combatir la inflación. Tanto empleados públicos como privados sufrieron ajustes, pero los estatales fueron los más afectados.
Conforme datos de ATE Nacional, los salarios de los trabajadores del Estado acumulan pérdidas de hasta 19,4% en términos reales, y si se considera la evolución de precios de servicios, alquileres y educación, la caída supera el 40% desde diciembre de 2023.
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