Paritarias

Mediante el decreto 508/18, Macri habilitó a "negociar voluntariamente" unarecomposición salarial de un 5 por ciento. Para los gremios fue insuficiente y para los empresarios, algo previsible, tras la fuerte devaluación.

La letra chica de lo que se publicó en el Boletín Oficial contradice al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , quien al salir de la reunión del jueves con la CGT insistió en que "las paritarias son libres". También choca con las presiones a empresarios y gremialistas que ejerce el ministro de Trabajo, Jorge Triaca , para no convalidar aumentos salariales ajustados a la pauta de referencia que traza el Gobierno. Los empresarios que recibieron las últimas llamadas de funcionarios están vinculados al transporte de cargas y son los que deben reunirse el martes con Hugo Moyano para avanzar con el trato de los camioneros.

"Pedimos que dejen correr las negociaciones y que acepten la cláusula gatillo. Si tienen que homologar el acuerdo de 23% de Moyano, que lo hagan. Si lo impiden es peor, más aún cuando se proyecta una inflación de 27%", sugirió un jerárquico de la central obrera.

Ganancias

El pedido de la CGT para que se exima de la carga del impuesto a las ganancias al medio aguinaldo es quizás el punto más complicado de resolver, ya que en tiempos de ajuste el Gobierno no está dispuesto a ceder fondos de la recaudación.

"Existen posibilidades: pueden limitar el beneficio a los salarios de determinado monto", se entusiasmó un gremialista que reconoció que la demanda de Ganancias surgió de los sindicatos del transporte, quizá los más afectados por el tributo.

Entre los gremialistas circuló el viernes el borrador del acuerdo con el FMI . Estaba en inglés. Pero se dieron maña para especular con un párrafo que advertía sobre la posibilidad de "un corrimiento fiscal por cuestiones sociales". Es decir, alejarse de las metas que exige el FMI si el fin es social. Un dirigente bajó las expectativas: "Lo del Fondo debe ser para mantener planes sociales, no retribuciones a los sueldos altos".

Pacto antidespidos

Entre una de sus demandas centrales, los gremios reclamaron el cese de despidos en la administración pública e impulsar un acuerdo similar en el sector privado al menos hasta fin de año. El antecedente de 2016 no es bueno: hubo sectores que lo incumplieron a pesar de haber suscripto un acta compromiso.

Con este recuerdo fresco, la CGT les sugirió a Dujovne y Quintana una alternativa: que todos los despidos sin causa deban pasar antes un filtro del Ministerio de Trabajo. El Gobierno no estaría dispuesto a una medida así, según fuentes consultadas por LA NACION.

Los fondos de la salud

La pelea por el dinero de las obras sociales dificultó un probable acuerdo entre los gremios y el Gobierno. La CGT pidió que se regularicen los pagos y ejemplificó con la deuda que mantiene el Estado con algunas prestadoras médicas sindicales. En algunos casos, el déficit es superior a los $50 millones.

En la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que administra los fondos de las obras sociales, reconocieron el retraso en algunos pagos. "A todas las obras sociales se les paga un 30% aproximadamente de lo que les corresponde por mes. Y a algunas quizá se les paga un poco más si es que Jorgito [Triaca] lo pide", explicó el mecanismo discrecional un funcionario del SSS, ente que depende del Ministerio de Salud, pero en el que Triaca conserva poder e influencia.

Reforma laboral

Tal vez el punto más sencillo de ceder para el Gobierno sea el de la exclusión del proyecto de reforma laboral del capítulo que prevé modificar los cálculos en las indemnizaciones. "Para ellos, es gratis", graficó un sindicalista.

Excluyendo ese ítem, se le daría luz verde para avanzar con el blanqueo laboral y la creación de una agencia de evaluación de tecnología médica, iniciativas que el oficialismo elaboró casi codo a codo con los gremios.

La pulseada entre el Gobierno y la CGT seguirá mañana, aunque hubo ya cruces de llamadas para explorar acercamientos. En caso de que la negociación se caiga, el triunvirato está habilitado para convocar al consejo directivo y avanzar con su plan de lucha. Tanto en el Gobierno como en los gremios perciben lejano un acuerdo. El paro asoma inevitable.