El mismo día que se anunció el recorte en las obras sociales, Graciela Ocaña pidió ampliar una denuncia contra el camionero por supuesto enriquecimiento ilícito.
La relación entre Hugo Moyano y el Gobierno de Mauricio Macri está en su peor momento. Cuando se preveía una tregua para lograr apoyo para la reforma laboral que pretende imponer el oficialismo, desde Cambiemos salieron con artillería pesada contra el presidente de Independiente. En el mismo día le asestaron un golpe triple: el recorte a los fondos de las obras sociales (que afecta a todos los gremios), la denuncia de la AFIP contra el propio Moyano y Luis Barrinuevo, y la ampliación de otra denuncia contra el camionero.
Graciela Ocaña anunció este lunes que ampliará su denuncia por enriquecimiento ilícito contra el ex líder de la CGT. "Vamos a aportar todo el análisis de crecimiento patrimonial y el aumento de los costos de la salud; siempre el Estado es la garantía última de dar salud y que los tributos y aportes que descuentan a todos los trabajadores y que van a las obras sociales son fondos públicos, esos fondos tienen que ser cuidados", anticipó.
La diputada nacional de la provincia de Buenos Aires explicó a Radio Mitre que "ahí hay todo un desmanejo para seguir bombeando dinero de la obra social a este grupo empresario que va de constructoras, administradoras de salud, empresas de seguridad y otros bienes que tienen como único cliente al gremio de Camioneros".
El mensaje es opuesto al que dieron desde el oficialismo hace un mes, cuando el Ente Nacional de Comunicaciones le extendía una prórroga a OCA para pagar los 3.500 millones de pesos que adeuda a la AFIP. La empresa de correos, manejada en los papeles por Patricio Farcuh, emplea a siete mil personas, de las cuales cinco mil son afiliados a Camioneros.
La concesión se vio entonces como un favor a Moyano, al que muchos vinculan a OCA, en busca de sumar apoyos para la reforma laboral, después de que la oposición del peronismo parlamentario obligara a postergarla al menos hasta las sesiones ordinarias.
Ocaña anticipó que presentará un informe de la Unidad de Información Financiera que fue enviado al juez Claudio Bonadio en donde se detectaron operaciones irregulares por más de 200 millones de pesos entre empresas vinculadas a la familia Moyano y la obra social de Camioneros.
"Aportaremos a la denuncia por enriquecimiento ilícito, balances actualizados para demostrar que los fondos de la Mutual, el gremio y la obra social de los camioneros van a empresas de su familia. Siempre tuvo protección, espero que ya no la tenga MÁS", escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.
Y concluyo: "No puede ser que Moyano viva en su casa de Montes de Oca o Parque Leloir donde la titularidad de sus bienes está a nombre de titulares de la obra social; eso muestra el delito y como se han enriquecido".
A pesar de que Marcos Peña diferenció a Moyano por su vocación de diálogo con respecto a las "amenazas berretas y mafiosas" del gremialista de los gastronómicos Luis Barrionuevo, la relación sigue empeorando. Pablo Moyano, titular de Camioneros, sigue criticando la reforma laboral que, el propio jefe de Gabinete ya decidió dividir cuando percibió que sin el apoyo del peronismo no podría dar la batalla en las extraordinarias del parlamento. A eso se le suma el pedido de renuncia a Jorge Triaca.
Además, se le suma la investigación por facturas truchas que investigan a diversos gremios entre los que se encuentra el de Moyano como uno de los mayores apuntados por la AFIP, que acusa evasión fiscal.
Por otro lado, también se conoció la iniciativa de recortar el presupuesto a las obras sociales sindicales, muchas de las cuales están ligadas al gremialista.
Incluso, también pesa una denuncia contra los Moyano por su gestión administradora en el club Independiente, por operaciones irregulares en cuentas de empresas relacionadas con el clan familiar.
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