Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales presentó una demanda en la Justicia ante lo que considera inconstitucional, “por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta”, expresados en el artículo 43 de la C.N. del DNU que disolvió Vialidad Nacional, algo que atentó directamente contra el organismo estatal, y que impactó directamente contra las fuentes de trabajo de casi 5 mil empelados.

El expediente que iniciaron los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia fue tramitado ante el Juzgado Nacional del Trabajo 23, el cual actualmente se encuentra a cargo de la Dra. Marta Rey.

“Se genera una amenaza, incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores, profesionales, administrativos, técnicos y operarios que aportaron, desde la creación de los distintos organismos estatales, seguridad, adelantos tecnológicos y la custodia de la vida digna de todos los argentinos, tratándose de obras y servicios que son parte sustantiva de los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos por el art. 42 de la C.N.”, remarcaron desde el gremio.

Aleñá se vio sorprendida, y así lo expresó, ante la celeridad con la que el Gobierno llevó adelante la disolución de Vialidad. “Genera una amenaza por la pérdida de la permanencia de las fuentes de trabajo y la estabilidad de los empleados públicos, protegidos por el art. 14 bis de la C.N. y los tratados internacionales de derechos humanos y convenciones de la OIT, cuyas disposiciones, así como las resoluciones tuitivas de estos derechos humanos, se invocan y desarrollan extensamente en la reclamación judicial”, fiogura en el documento que los letras presentaron ante el juzgado.

“La seguidilla in crescendo de accidentes viales, a consecuencia del abandono y quita de presupuesto para las obras públicas que afectan a la extensa red vial de la República Argentina, constituye un toque de alarma para la vida, la integridad física y síquica de las personas, así como para la integridad de los medios de transporte, y las mercancías producto de las economías regionales, para el consumo interno y la exportación a terceros países”, argumentaron desde la demanda.

“En definitiva, existe un gigantesco avance en la perversa tarea de destrucción del Estado/Nación, con la pérdida de empleos y el favorecimiento a las importaciones de mercaderías que proveía la industria nacional”, agrega la demanda.

Tanto el gremio de Vialidad como la argumentación en la denuncia justifica el amparo en el deber de los jueces “de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional en su articulo 36 de la C.N. y art. 3º de la Ley 27, a través del control de legalidad y razonabilidad de las normas y actos que emanan de los otros poderes que conforman el Gobierno Federal”.