Según denuncias que se hicieron públicas en las últimas horas, Corte se habría incorporado como empleado en relación de dependencia con un sueldo cercano a los 6 millones de pesos, eligiendo además a la misma OSPICHA como su cobertura médica. A pesar de haber ingresado en abril, también se habría otorgado el pago de un aguinaldo completo, lo que despertó aún más indignación entre los afiliados.

La contratación de Rousseau y el desmantelamiento de prestaciones

Uno de los aspectos más llamativos de la intervención es la contratación del abogado Adrián Rousseau, ex líder de la barra brava de River Plate, quien habría cobrado al menos 28 millones de pesos por sus servicios. Además, trascendió que Rousseau hoy ocupa un cargo en la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que genera fuertes sospechas sobre posibles vínculos y conflictos de interés.

Desde distintos sectores internos denuncian que la intervención no paga a prestadores, desactiva convenios históricos y presiona a los proveedores para que rescindan sus contratos mediante cartas documento. El objetivo, según afirman, sería reemplazarlos por prestadores "amigos" que responderían a intereses privados.

Recortes, despidos y abandono de pacientes

Las críticas no se limitan a lo económico. En la actualidad, afiliados reportan que ya no reciben medicación oncológica, prótesis ni autorizaciones quirúrgicas, y que se eliminaron beneficios clave como la entrega de anteojos o descuentos en farmacias —que bajaron del 60% al 40%.

A esto se suma la desvinculación de personal administrativo con más de 10 años de antigüedad, reemplazados por empleados sin experiencia ni formación específica. Para los denunciantes, el panorama evidencia un vaciamiento sistemático que impacta de lleno en la atención de miles de afiliados.

Fondos transferidos y servicios paralizados

Otro dato clave que enciende las alarmas es el incumplimiento en los pagos a prestadores de discapacidad, a pesar de que la Superintendencia de Servicios de Salud habría girado los fondos correspondientes en tiempo y forma. Según el reclamo, los montos de febrero y marzo tampoco fueron transferidos en abril y mayo como indica el cronograma.

“Quieren quebrarlas y pasarnos a las prepagas”

La preocupación entre los afiliados es creciente. Para muchos, la intervención no solo está poniendo en riesgo la atención médica, sino que tiene una estrategia de fondo: quebrar a las obras sociales para favorecer a prepagas privadas con vínculos políticos y comerciales.

“La intervención no tiene idoneidad: el interventor no tiene formación en salud ni en gestión. Esto es parte de un plan mayor para desguazar las obras sociales sindicales y beneficiar a empresas amigas. Nos están dejando sin cobertura y quieren empujarnos a pagar lo que antes nos correspondía por derecho”, concluyen con contundencia los denunciantes.

El caso OSPICHA se suma a una larga lista de alertas en el sistema de salud argentino, y plantea una pregunta urgente: ¿quién protege hoy a los trabajadores frente al avance de la desregulación y el vaciamiento?