Por: Diego Lanese.

Desde el inicio de la pandemia, el aislamiento social obligó en pocos días a adaptar la mayoría de las actividades a la nueva realidad. Esto incluye la virtualidad en el trabajo, una modalidad que venía avanzando y que la actual situación terminó de instalar. Al punto se popularizó el llamado “teletrabajo”, que el Congreso aprobó la primera ley nacional que lo regula, y que entre otras cuestiones lo hace voluntario. Con el correr de los meses, las reaperturas fueron devolviendo la presencialidad en la mayoría de los rubros, mientras otros quedaron todavía atados a la virtualidad. Entre los que se mantiene trabajando a distancia está el Estado, que salvo las actividades esenciales tiene a sus empleados trabajando desde sus hogares. Con el objetivo de recuperar la actividad total del Estado, se presentó en estos días un proyecto de ley para que los estatales vuelvan a sus oficinas.

Firmado por legisladores del frente Juntos para el Cambio, la idea es aplicar los protocolos necesarios para evitar contagios de Covid-19, como en otras actividades. La propuesta no fue bien recibida por los gremios del sector, que aseguran que por el momento no hay novedades respecto a su implementación, y alertan que la iniciativa busca generar “malestar social” sobre los trabajadores públicos. La propuesta se da en medio de la discusión de la apertura de colegios y otros establecimientos.

El bloque de Juntos para el Cambio presentó la propuesta para que los trabajadores del Estado vuelvan a las oficinas. La iniciativa la propuso la legisladora del PRO Adriana Cáceres, y cuenta con el aval de sus pares Lidia Ascarate, Hernán Berisso, Sofia Brambilla, Omar de Marchi, Soher El Sukaria, Jorge Enriquez, Alejandro García, Mercedes Joury, Silvia Lospennato, Victoria Morales Gorleri, Carla Piccolomini, Carmen Polledo, Estela Regidor, Adriana Ruarte, Héctor Stefani, Pablo Torello.

“El objetivo es volver a poner en funcionamiento pleno al Estado nacional, siempre teniendo en cuenta los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud de la Nación”, destacó en sus argumentos el proyecto, que ya fue ingresado a la cámara baja. La iniciativa alcanza a empleados públicos del Gobierno nacional, entes descentralizados y empresas públicas, a partir de una vuela “escalonada y exceptúa a los trabajadores en riesgo”.

Por el momento, el proyecto no recibió tratamiento, y por la agenda legislativa actual parece difícil que se trate en lo inmediato. Pero los gremios igual miran atentos para saber si avanza. Las primeras reacciones fueron de rechazo, como la que realizó ATE, que aseguró que “sólo apuntan a reforzar su rechazo ante la opinión pública de las políticas públicas del gobierno”. En el Estado nacional la mayoría de las oficinas están trabajando de forma virtual, pero aseguran que las áreas, salvo alguna excepción, funcionan con esta normativa. “Por el momento no tenemos idea que se vaya a cambiar la modalidad de trabajo, más allá de la ley que se presentó”, destacó Raúl Llaneza, de la comisión interna de ATE en el INDEC.

En diálogo con Gestión Sindical, el dirigente sostuvo que en el organismo de estadísticas se mantienen las tareas virtuales, ya que los trabajadores en general deben hacer sondeos en la vía pública. “Por el momento son muy pocos los empleados que volvieron a las oficinas, desde el inicio de la pandemia pocos son los que trabajan presencialmente”, agregó. En el resto del Estado sucede algo similar, donde salvo en algunos lugares donde hay “servicios esenciales”, se mantiene la baja presencia de empleados. “Son muchos los sectores del Estado que están funcionando con labor presencial y a un altísimo costo, como los trabajadores de salud y seguridad”, dijeron desde la conducción nacional de ATE.

En tanto, otros gremios públicos fueron medos drásticos respecto de la posibilidad de volver a las oficinas estatales, en un momento donde cada vez más sectores se están abriendo a la actividad. Desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) aseguraron que lo principal es mantener la seguridad de los trabajadores.

Siempre y cuando se cumplan con todos los protocolos de seguridad e higiene que está establecido por la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo del Sector Público (CyMAT) no tendríamos inconveniente”, destacó Rubén Ramos, titular de la AGAE. Ante la consulta de Gestión Sindical, el dirigente recalcó que “de lo contrario, por la seguridad de nuestros compañeros tendríamos que seguir de manera remoto”.

La entidad, que logró su reconocimiento gremial recientemente y que nuclea a los letrados que trabajan para el Estado, confirmaron que “los abogados están casi en su totalidad están trabajando desde los hogares”, salvo algunas dependencias, “teniendo en cuenta la territorialidad de donde estén”.

Por el momento, no hay mayores novedades respecto a si hay apoyo de otros sectores al proyecto de Juntos por el Cambios. Todo indica que el oficialismo no prestará el respaldo, y mantendrá por el momento la modalidad de trabajo virtual en el Estado nacional, que tiene su correlato en las provincias e incluso los municipios. En sus fundamentos, los diputados del macrismo recalcaron que “hay que tener en cuenta que si el Estado sigue funcionando de forma parcial, una parte de la sociedad no puede acceder a sus derechos, eso no puede seguir pasando”. “A siete meses del decreto que dio comienzo al ASPO, los empleados públicos deben volver a sus puestos de trabajo. Es importante restablecer todos los servicios y agilizar la resolución de las distintas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los argentinos”, destacó la propuesta.

Al margen de la administración pública, en resto de las actividades estatales no tiene pensado volver a la “normalidad”. Universidades, por ejemplo, tienen casi acordado que este año seguirán las clases virtuales, mientras que se esperan que a nivel primario y medio hay algunas aperturas.