Por Diego Lanese

El “cordobazo” de los choferes de colectivos de la provincia mediterránea terminó de la peor manera. No solo se efectivizaron 200 despidos, pese a la movilización de la seccional local de la UTA -enfrentada con la conducción nacional-, sino que además se aprobó una polémica ley que declara “servicio esencial” al transporte público y limita las huelgas para evitar perjudicar a los pasajeros. La iniciativa fue duramente criticada por gremios del sector y tiene un proyecto similar a nivel local que por el momento no tiene quórum para ser tratada. Desde la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) advirtieron de los alcances de esta iniciativa y cargaron contra el gobierno nacional, a quien culpan por la ofensiva contra los gremios. “Están intentando cercenar derechos adquiridos por los trabajadores”, afirman.

Luego de un largo debate, y pese al rechazo de los gremios, la legislatura unicameral de Córdoba aprobó la ley que declara “servicio esencial” al transporte público,por lo cual se limita la posibilidad de hacer huelgas. La medida, impulsada por el intendente de la capital provincial,Ramón Mestre, se dio luego de que los choferes realizaran nueve días de paro, un conflicto que se inició por el descontento por la paritaria nacional firmada por el titular de la UTA, Roberto Fernández, y luego se agravó por el despido de unos 200 trabajadores. Ahora, entre otras cuestiones, además de avisar con varios días de anticipación cualquier medida de fuerza, se deberá “garantizar un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo las pautas y modalidades previstas en la presente ley”.

A nivel nacional, el bloque oficialista Cambiemos tiene un proyecto similar, pero en su último intento por aprobarlo, a mediados de junio, no logró el apoyo de los bloques vinculados al peronismo (Frente para la Victoria, Frente Renovador y bloque Justicialista), por lo cual no pudo ser tratado. Las dos iniciativas incluidas en el temario de aquel día consisten en una modificación del artículo 24 de la Ley 25.877 de Ordenamiento del Régimen Laboral, para obligar a los sindicatos que decidan tomar medidas de acción directa a prestar servicios mínimos.

Ambas medidas fueron tomadas como “una ofensiva” por parte de la CATT, que entiende que hay precedentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que rechaza este tipo de iniciativas, que el macrismo ya intentó imponer hace unos años, cuando los trabajadores del subte mantuvieron una huelga de casi dos semanas.

“Siempre están intentando cercenar el derecho a reclamar que tenemos los trabajadores, sobre todo este gobierno, que lo está intentando desde que asumió”, le dijo a Política del Sur una fuente de los gremios del transporte. Para este gobierno, agregó el dirigente consultado, “que haya problemas de trabajo no es culpa de los empresarios, sino de los laburantes”. “Ahora hay un agujero fiscal y la culpa la tienen los discapacitados que cobran mucha pensión, y no por la timba financiera. Esa es la concepción de este gobierno”, agregó.

Pelea de fondo

La ofensiva del oficialismo contra las huelgas en el sector transporte tiene como correlato la pelea que inició contra los juicios laborales, y que forma parte de una estrategia que -los sindicatos creen- termina en una sola cuestión: la flexibilización laboral. La temida reforma podría terminar con algunos derechos y limitar el derecho a huelga, algo que fue denunciado por la delegación argentina en la última asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Primero apuntan a limitar el derecho a huelga y luego a la flexibilización laboral. Este modelo cierra con trabajadores de rodillas y represión. Aumentó la desocupación, la pobreza, pero ellos son el cambio”, se quejaron desde la CATT, que ya analiza una medida de fuerza para el mes próximo contra estos avances.

El propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, apuntó contra el legislador nacional Héctor Recalde, a quien acusó de ser parte de la “mafia de los juicios laborales”, algo que cayó muy mal en la mayoría de la dirigencia de la CGT y el resto de las centrales obreras. Incluso desde la CATT respaldaron al jefe del bloque de Diputados del kirchnerismo ante las acusaciones, a pesar de que cuando en 2011 el moyanismo dejó de apoyar a la ex presidenta, hubo un duro enfrentamiento entre Recalde y Hugo Moyano, otrora grandes amigos.

“Parece que el problema de los juicios laborales esRecalde, no la defensa de los derechos de los trabajadores. Ellos tienen la óptica similar para todos los temas, son empresarios. Lo que hacen con los discapacitados es típico de empresarios, primero te saco y luego te voy corrigiendo. Ahora no se dan cuenta que mientras hacen eso, mucha gente fue a buscar su pensión y no tenía ni para comer”, criticaron desde la CATT.

Por su parte, Juan Carlos Schmid, jefe de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), también rechazó los dichos del Presidente respecto a Recalde. “Se acusa ahora a la legislación y a los trabajadores de provocar falta de competitividad y de la sobreprotección sobre la masa obrera, cuando en realidad hubo una destrucción de empleo muy marcada en 2016 y una profunda caída del consumo popular”, sostuvo.

Desde la CTA de los Trabajadores también se solidarizaron con el abogado. “Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) nos solidarizamos con los abogados y jueces laboralistas, en especial con Héctor Recalde, duramente atacado por el presidente Mauricio Macri, acusándolos de mafiosos”, remarcaron los metrodelegados mediante un comunicado de prensa. Este sector aseguró que las duras expresiones “atacan la división de poderes y contrariando lo que dispone el decreto 843/2000 y la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Unas y otras, ataques a los derechos de los trabajadores”.

“Estos ataques al Fuero Laboral son parte del plan del macrismo de obtener jueces que representen sus intereses, olvidando que los jueces representan a la Justicia y poco después que ante la OIT se haya denunciado que el Gobierno está violando los convenios 87 y 98, que garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva”, concluyeron desde el gremio del subte, que presentó un reclamo en la asamblea de la entidad del organismo internacional.