El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este lunes la indagatoria del secretario de Trabajo, Julio Cordero, acusado de haber querido tomar ilegalmente el control de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), un gremio envuelto en sospechas y peleas internas.

La acusación es por haber formado parte de un supuesto “plan criminal para hacerse de la conducción de la Uatre”. De esa maniobra habrían participado también -según el fiscal- Pablo Ansaloni, diputado de La Libertad Avanza; Claudio Aquino, el exdirector de Asociaciones Sindicales -el área que regula la vida interna de los sindicatos- y otros tres acusados. Aquino firmó el dictamen que sugirió pedir la intervención del gremio en el fuero laboral, actuación que fue avalada por Cordero.

La denuncia que motivó esta causa la promovió el secretario general de la Uatre, José Voytenco, un dirigente del PJ complicado por una acusación de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y por la deuda de la obra social del gremio.

Voytenco lidera la Uatre desde fines de 2022. Llegó al poder después de las muertes de Gerónimo Venegas y Ramón Ayala. En la elección, le ganó por solo un punto al hoy diputado Ansaloni.

Según el fiscal, Ansaloni y sus presuntos cómplices buscaron entonces “desplazar a las autoridades de la Uatre, siendo claros opositores de la gestión y autoridades del sindicato”.

Los otros incluidos en el pedido de indagatorias del fiscal son Marcelo Carlos Petroni, interventor designando por el Gobierno en la Obra Social del gremio (Osprera), cargo al que llegó promovido por los primos Menem, Lule y Martín; Marcelo Agustín Andrada, exsecretario general de la seccional La Plata de Uatre, y Aixa Laura Petriati, exsubdelegada del sindicato.

Los funcionarios involucrados, de acuerdo con Marijuan, actuaron “sacando provecho de los cargos e influencias” que tenían y así “fueron gestando y ejecutando el acuerdo criminal dirigido a lograr la intervención judicial de la Uatre”.

La Secretaría de Trabajo solicitó la intervención del gremio ante la justicia laboral después de una serie de impugnaciones al proceso electoral y tras revelarse irregularidades en el manejo de la obra social y un supuesto pedido de coimas a empresarios agrícolas.

Cómo empezó el caso

La denuncia fue presentada el 5 de febrero pasado. El 6 febrero, el juzgado de Sebastián Casanello delegó la investigación en la fiscalía de Marijuan, quien una hora y 20 minutos después de haber recibido la causa, firmó un pedido de medidas de prueba de seis carillas, que incluyó una notificación a la Cámara del Trabajo (el fuero donde estaba el pedido de intervención) para informarle la existencia de la causa penal, relataron fuentes con acceso a la causa.

Marijuan afirmó en su dictamen de este lunes que Cordero y los demás funcionarios a su cargo se “extralimitaron en sus funciones” y decidieron “resolver el expediente administrativo de tal modo que su plan criminal se llevara adelante mediante el inicio del expediente judicial ante la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo”. El fiscal relató que “tal pretensión fue rechazada en la sentencia dictada por no tener sustento en la verosimilitud del derecho”.

En cuanto a Ansaloni, Marijuan dijo: “Va más allá de su función de legislar y toma parte de una actividad ilícita influenciando, promoviendo y determinando acciones de los funcionarios del Estado Nacional, particularmente de la Secretaria de Trabajo en pos de lograr la intervención del gremio Uatre”.

En el dictamen, el fiscal cita mensajes de WhatsApp “de trascendencia” de los investigados. Por ejemplo, uno del interventor Petroni al contacto “Aixa Petrati” que dice: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de Uatre. Me consta”. En otro mensaje que Marijuan destaca, Petroni dice: “Nosotros somos Lule y Karina”

El fiscal afirmó asimismo que le llamaron “poderosamente la atención” los contactos entre Marcelo Petroni y el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, que investigó una denuncia de presunto lavado y enriquecimiento ilícito contra Voytenco. Marijuan destacó que Petroni tenía agendado al juez y que Villena lo había llamado dos veces y le había enviado un chat de WhatsApp, “que por haber sido eliminado se desconoce, por el momento, su contenido”.

El juez Casanello será ahora quien decida si hace lugar al pedido de Marijuan y dispone indagatorias en el caso.