"Procédase al desalojo de los ocupantes de la sede del SOEME sita en la calle Salta 534 de esta ciudad, designándose al Sr. Interventor Judicial DR. Julio Cesar Simoncomo 'Oficial de Justicia Ad-Hoc' con expresas facultades para allanar domicilio, hacer uso de los servicios de un cerrajero, violentar candados y cerraduras en caso de ser necesario y solicitar el auxilio de la fuerza pública para el desahucio del bien", dice el fallo de la sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La decisión llega luego de militantes que respondían a Adrián De Marco se reunieran frente a la sede del sindicato en el barrio porteño de Constitución, y echaran al interventor que debía tomar posesión del gremio hace dos semanas.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había intimado a De Marco a abandonar el gremio y entregar las llaves del edificio central en la Capital Federal, bajo la amenaza de usar la fuerza pública, ahora lo denunció "ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional a los efectos de que se investigue la presunta comisión del delito de desobediencia".

La entrega debía efectuarse el viernes 12 de junio, ante el nuevo interventor. Pero eso no ocurrió por la resistencia de de Marco.

Los jueces María Dora González y Víctor Pesino, sostienen que de Marco fue electo en unos comicios que los magistrados consideraron "irregulares".

Por ello también había pedido la devolución de libretas de cheques sin utilizar en poder de la entidad, contratos en curso de ejecución en documentación original suscriptos por la entidad, así como toda otra documental que contenga obligaciones asumidas por parte del SOEME y que deban ser canceladas. También ordenaron la entrega de títulos de deuda, prestamos, letras, pagares, o cualquier otra obligación financiera en la cual el SOEME resulte acreedor o deudor desde el inicio de su gestión.

Para terminar con cualquier posibilidad de juego de De Marco, ayer la Procuración General de la Nación se expidió sobre la competencia. En el fallo resolvió convalidar lo actuado por la justicia laboral y sostener la intervención. En manos de la justicia federal dejó la investigación de posibles delitos penales por la conducción del sindicato, pero no el futuro del SOEME.

El Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación tiene 24 mil afiliados en todo el país, pero el núcleo de su fuerza está en la Provincia de Buenos Aires