La jornada se enmarca en un frente de unidad que denuncia lo que describen como “un plan sistemático de miseria planificada” impulsado por el gobierno nacional. Según explicaron, se trata de la continuidad de un plan de lucha que busca frenar el avance sobre derechos laborales, el desfinanciamiento de programas sociales y el empeoramiento de las condiciones de vida en los barrios.

Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP, fue categórico al cuestionar la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo: “No existe reforma laboral en el mundo que haya resuelto la generación de trabajo con derechos por sí sola. Cuando el gobierno nos dice que quiere avanzar con una reforma laboral para terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre”. Y advirtió sobre el escenario social: “Los argentinos no queremos comer gatos, como pasó en el 2001, que terminó con la gente cagada de hambre saqueando supermercados. Lamentablemente no estamos lejos de esa situación”.

Gramajo apuntó especialmente al endeudamiento de las familias para poder comer, incluso recurriendo a prestamistas vinculados al narcotráfico en los barrios populares. “Necesitamos un modelo económico nacional con centro en el trabajo y la producción que deje de importar esclavitud de otros países”, reclamó. También insistió en que el trabajo de la economía popular “existe, se inventa para poder vivir, no está reconocido y le faltan derechos”, y volvió a pedir la creación de un Estatuto del Trabajador y la Trabajadora de la Economía Popular.

Uno de los reclamos centrales tiene que ver con el Salario Social Complementario (SSC), congelado desde diciembre de 2023 en 78.000 pesos, justo tras la devaluación más grande en la historia reciente. Además, fue desenganchado del Salario Mínimo Vital y Móvil, hoy de 328.400 pesos según la última actualización unilateral del gobierno. Las organizaciones alertaron que la posible eliminación del SSC en abril dejaría a millones de personas sin ingreso básico.

Otro punto crítico es la decisión oficial de intentar desacoplar la Asignación Universal por Hijo de la fórmula de movilidad para evitar su actualización automática. Para las organizaciones, esto implica un recorte directo sobre las familias con menores ingresos.

La situación se agrava con la paralización de la obra pública en más de cinco mil barrios populares, que frenó urbanizaciones y dejó sin empleo a miles de trabajadores. A esto se suma la apertura irrestricta de importaciones, que golpea a las cooperativas textiles, a cartoneros y cartoneras —afectados por la importación de cartón— y a la agricultura familiar, desplazada por el ingreso de alimentos externos.

También denunciaron el aumento de la violencia institucional contra quienes trabajan en el espacio público: “estigmatizan, persiguen, decomisan y detienen permanentemente”, sostuvieron desde el sector. La caída del financiamiento de espacios sociocomunitarios, remarcaron, deja a los barrios más expuestos al avance del narcotráfico, que termina cumpliendo el rol de prestamista de último recurso.

Entre los reclamos que llevarán a las calles se destacan: un aumento y continuidad del Salario Social Complementario, actualización automática de la AUH, un bono de fin de año para trabajadores informales y de la economía popular, y la reactivación de obras en los barrios populares.

La UTEP y las organizaciones que acompañan la medida remarcan que sin reconocimiento, sin derechos y sin políticas activas, “la economía popular seguirá siendo la variable de ajuste de un modelo que excluye”.