El índice de irregularidad del crédito llegó al 7,6% y acumuló 19 meses consecutivos de aumentos desde octubre de 2024. El deterioro fue mucho más profundo entre los hogares: mientras la mora de las empresas se ubicó en el 3%, la de las familias trepó al 12,3%.

El informe vinculó este fenómeno con la pérdida del poder adquisitivo y el creciente uso del crédito para cubrir gastos cotidianos. Los préstamos personales y las tarjetas concentraron casi tres cuartas partes de la cartera irregular.

La mora en los préstamos personales pasó del 3,3% al 14,9% entre octubre de 2024 y abril de 2026. En las tarjetas de crédito, el incumplimiento aumentó del 1,6% al 12,5% durante el mismo período.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, sostuvo que las familias no se endeudan por falta de educación financiera, sino por la caída de sus ingresos. “Se endeudan para comprar comida, remedios y pagar los servicios básicos porque este Gobierno desató una tormenta perfecta”, afirmó.

El dirigente apuntó contra los aumentos de precios y tarifas, las paritarias limitadas y la liberación de las tasas de interés. “Hay una crisis de deuda familiar inédita”, advirtió.

El deterioro fue todavía mayor entre los usuarios de billeteras virtuales y otros prestamistas no bancarios. Allí, la morosidad se cuadruplicó en un año y medio y pasó del 7,3% al 29,6%, incluso por encima de los registros de la pandemia.

De los 20,9 millones de personas que tienen algún tipo de financiamiento, 5,8 millones se encuentran en situación irregular. Más de la mitad de los morosos, unos 3,4 millones, tienen deudas exclusivamente con billeteras virtuales.

El CEPA advirtió que este desplazamiento se produjo porque, frente a las mayores restricciones bancarias, una parte creciente de los hogares recurrió a plataformas digitales para refinanciar obligaciones o tomar nuevos préstamos, generalmente con tasas más altas.

Los jóvenes aparecen entre los sectores más comprometidos. Casi cuatro de cada diez personas de entre 18 y 34 años registran algún grado de mora, proporción que llega al 40,9% entre quienes tienen hasta 24 años.

La crisis también comenzó a alcanzar a sectores productivos. La construcción presentó el mayor nivel de irregularidad, seguida por alojamiento y gastronomía, actividades administrativas y comercio.

Para el CEPA, el aumento del incumplimiento se explica principalmente por el estancamiento de los salarios reales y la dificultad de las familias para sostener el pago de créditos, tarjetas y servicios básicos.

Durante la última movilización junto a los jubilados, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también vinculó el deterioro social con las políticas oficiales. “Al Gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción”, afirmó.

Aguiar reclamó una recomposición urgente de los haberes previsionales y la restitución de los programas médicos y sociales. “La mayoría de los jubilados no puede garantizar su subsistencia”, advirtió.