Mientras la central obrera busca sumar apoyos en la Cámara alta para bloquear los artículos más sensibles de la reforma laboral, el Gobierno activa negociaciones con gobernadores y aliados parlamentarios para sostener la iniciativa y evitar cambios.
La Confederación General del Trabajo (CGT) no se toma vacaciones y, en pleno receso veraniego del Congreso, profundiza las gestiones políticas para frenar la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei en el Senado. La central obrera interpreta que el nuevo marco propuesto por el Gobierno pone en riesgo sus recursos y su poder de representación.
El esquema de acción es preciso: concentrarse en la franja intermedia del arco parlamentario, que incluye a sectores del radicalismo, bancadas provinciales y expresiones del peronismo no alineadas con el kirchnerismo que, si bien mantienen distancia de la Casa Rosada, tampoco se ubican en una oposición rígida.
La conducción de esas negociaciones recayó en el sector más proclive al diálogo dentro de la central sindical. Cristian Jerónimo, referente del sindicato del vidrio, y Jorge Sola, dirigente del gremio del seguro —dos de los tres secretarios generales de la CGT— lideran los contactos políticos. El tercer integrante del triunvirato, Jorge Argüello, secretario general de Camioneros, expresa la línea de mayor dureza interna.
Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribiteTuit de la CGT contra la reforma laboral
Reforma laboral: la CGT gana tiempo y posterga definiciones sobre un paro nacional
“No se definió todavía si van a ir los dirigentes o si al final van a mandar a sus representantes legales”, señaló una fuente de la entidad con sede en la calle Azopardo a la Agencia Noticias Argentinas.
El proyecto de reforma laboral, que ya obtuvo dictamen en comisión, recibió el aval de La Libertad Avanza (LLA) y sumó acompañamientos parciales del PRO, la UCR y bloques provinciales, mientras que el kirchnerismo se pronunció en contra durante el trámite legislativo.
Avance sindical y respuesta del Gobierno en el Senado
El impulso que encabezó Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, encontró un límite antes de arribar al recinto. La discusión fue demorada para febrero frente al escenario de una revisión exhaustiva del articulado, con riesgo de modificaciones sustanciales.
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El punto de inflexión se produjo durante el debate del Presupuesto 2026 en Diputados, una sesión que agravó la desconfianza entre el Poder Ejecutivo y sus socios parlamentarios habituales. A partir de ese episodio, el oficialismo concentró esfuerzos en recomponer esos vínculos, lo que dejó en pausa el avance de la reforma laboral.
En la CGT interpretaron la postergación como un primer resultado favorable. Con la cercanía del mes de febrero, reforzaron las conversaciones con senadores que comenzaron a despegarse del alineamiento con el Gobierno.
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El objetivo es sumar entre siete y ocho votos para neutralizar los artículos considerados más críticos, aquellos que —según advierten— afectan el financiamiento sindical y debilitan su rol como instancia de mediación laboral.
Desde el 16 de enero funcionará una comisión técnica en el Senado que evaluará las observaciones del sindicalismo y del sector empresario, con la intención de consensuar cambios que luego serán debatidos en el recinto el 10 de febrero.
La central sindical, que el 18 de diciembre encabezó una movilización a Plaza de Mayo en rechazo a la iniciativa, cuestiona amplios tramos del proyecto, incluidos los mecanismos de cálculo de indemnizaciones, las normas vinculadas a la actividad gremial y el Fondo de Asistencia Laboral.
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La CGT también objeta la ampliación del listado de actividades esenciales, que obligarían a garantizar prestaciones mínimas durante las huelgas; la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que permitiría priorizar acuerdos por empresa sobre los sectoriales; y la posibilidad de renegociar la cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados, actualmente establecida por convenio.
Entre los legisladores con los que se registraron contactos figuran la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Mauricio “Camau” Espínola. En la central también mencionan a los santacruceños de MOVERE, Natalia Gadano y José Carambia, a la neuquina Julieta Carroza y a un grupo de senadores radicales que evitan un alineamiento automático con la Casa Rosada.
La salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Mauricio “Camau” EspínolaPosición de la CGT, rol del PJ y movimientos del Gobierno
En reserva, dirigentes de la CGT expresan reproches hacia el bloque del peronismo, al que señalan por no involucrarse de manera decisiva en la negociación voto por voto. “Nadie va a hablar por nosotros”, sostienen los sectores más críticos.
Ese planteo también deja al descubierto una disputa interna: mientras Jerónimo y Sola priorizan la vía parlamentaria y descartan, por ahora, la convocatoria a un paro general, el ala más confrontativa —referenciada en Camioneros y bajo la conducción de Argüello— impulsa una estrategia de mayor confrontación con el Gobierno libertario.
En paralelo, el oficialismo despliega su propia ofensiva. El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará durante enero una ronda de reuniones para consolidar el respaldo de los gobernadores.
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En los últimos días de diciembre mantuvo un encuentro con Ignacio Torres en Chubut y proyecta reuniones con al menos diez mandatarios provinciales. Chaco y Mendoza aparecen en la agenda, con Leandro Zdero y Alfredo Cornejo, dos gobernadores afines a LLA.
Bullrich, por su parte, prevé retomar los encuentros la próxima semana. La táctica oficial apunta a coordinar el tratamiento en el Senado y en Diputados, donde Martín Menem sigue de cerca el proceso legislativo, con el objetivo de evitar cambios que obliguen a devolver el texto a la Cámara de origen y extiendan los plazos parlamentarios.












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