La organización sindical del Estado Nacional –ATE– advirtió que el sistema aerocomercial argentino atraviesa una situación crítica a partir del incumplimiento por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de auditorías internacionales y de la falta de personal capacitado para garantizar la seguridad operacional.

Según ATE, la crisis se profundiza con el congelamiento salarial, la precarización de contratos y los recortes presupuestarios.

El sindicato responsabilizó al Gobierno por las eventuales demoras o afectaciones en los servicios, señalando que la OACI emitió recientemente una alerta que obliga a reforzar los controles y sumar trabajadores especializados. En este marco, denunciaron que la paritaria sectorial lleva dos años sin abrirse y que el poder adquisitivo del personal perdió un 45% desde diciembre de 2023.

Reclamos de ATE

Entre los principales puntos del petitorio, ATE exige: Urgente aumento salarial, Pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados, Aumento del “Módulo ANAC” en un 20%, Implementación del pago de “Suplemento de Zona”, Incremento del “Adicional Función Aeronáutica Crítica”, Pago del “Adicional Función Aeronáutica” al personal administrativo, Reconocimiento del pago por “Título” al personal operativo, Modificación en la escala del “Suplemento de Densidad de Tráfico”, Creación de un adicional por función administrativa que compense desigualdades salariales y Pago de horas de instrucción al personal de instructores.

Pilotos

En paralelo al reclamo de ATE, APLA, el gremio que representa a los pilotos y que lidera Pablo Biró, mantiene su reclamo ante  la Resolución 651/2025 de la ANAC, a la que considera ilegal y violatoria de los deberes de funcionario público.

El gremio advierte que la norma contradice las regulaciones nacionales sobre licencias y habilitaciones de pilotos, y que su implementación compromete directamente la seguridad operacional de los vuelos aerocomerciales en la Argentina.

APLA cuestiona además la ausencia de instancias de consulta técnica y participación de los usuarios, la falta de inspectores suficientes, la reducción de requisitos de formación y la eliminación de la readaptación periódica de las tripulaciones. En ese marco, exige la derogación inmediata de la resolución y la apertura de un ámbito de diálogo con el Gobierno y la ANAC para reestructurar las normativas, con el fin de resguardar la seguridad aérea y fortalecer la profesionalización de la actividad.