Por: Mauricio Cantando.

Patricia Bullrich cedió hasta el final y obtuvo su triunfo: en la madrugada de este jueves, el Senado aprobó la reforma laboral, que contempla una fuerte flexibilización de los convenios colectivos, límites a los juicios y facilidades para aplicar despidos.

La reforma tuvo 42 votos a favor, cinco más que la mayoría simple necesaria para su aprobación. El oficialismo contó con el respaldo de la UCR, el PRO, Provincias Unidas y partidos provinciales. Hubo 30 rechazos: 28 miembros del peronismo -interbloque populares- y la dupla de Santa Cruz compuesta por José María Carambia y Natalia Gadano.

La votación fue seguida desde los palcos por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el ministro Diego Santilli (Interior) y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Le damos la bienvenida", los recibió Victoria Villarruel, quien luego no se quedó para las tres horas que duró la consideración de los 26 capítulos.

Para lograr la aprobación del proyecto, Bullrich jugó a todo o nada. Cerró un acuerdo con la CGT, que tuvo poca presencia en la protesta callejera realizada al inicio de la sesión, y reescribió artículos hasta minutos antes de la votación.

Sin instrucciones de la Casa Rosada, la senadora pactó además con sectores que la versión original del proyecto intentaba golpear, por orden del ministro Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

No perderán ingresos las cámaras empresariales, que podrán retener aportes. Los bancos lograron tener exclusividad en el pago de sueldos: falló el intento de Marcos Galperín para sumar a Mercado Pago. Como había anunciado Bullrich el martes, los gobernadores no sufrirán pérdida de coparticipación porque no se tocará el Impuesto a las Ganancias.

Los triunfos de Patricia Bullrich

La jefa de LLA tejió un acuerdo para no perder ningún artículo. Por caso, la dupla de Santa Cruz ayudó a aprobar varios capítulos, entre ellos el dos, que era el más polémico porque crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con aporte de ANSES, destinado a financiar despidos. Se aprobó con 41 votos y fue rechazado por tres aliados del oficialismo: el radical Maximiliano Abad, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Flavia Royón (Salta).

Este capítulo estuvo cerca de caerse: fue necesaria una gestión de Diego Santilli con la UCR y con el gobernador Rolando Figueroa (Neuquén), que aportó el voto decisivo de Julieta Corroza.

La CGT no se hizo sentir en la marcha de Plaza de los Congreso (donde se registraron incidentes), pero estuvo presente en la rosca del articulado, con fuerte influencia en los partidos provinciales, aliados claves de Bullrich para alcanzar la mayoría. En el anuncio de este martes, la exministra había anticipado que no se reduciría de 6 a 5 por ciento de los salarios el aporte a las obras sociales.

La única restricción gremial que se mantiene es la de hacer huelgas en servicios esenciales, como educación y comunicaciones, que sólo podrían detener parcialmente sus actividades.

La ayuda a los gremios

Bullrich también había anticipado que la cuota sindical compulsiva no se eliminaría y las empresas podrían seguir siendo agentes de retención, pero el borrador que circuló tenía límites: sólo se podía cobrar 2% de los salarios y en dos años se eliminaba el sistema.

A último momento se decidió borrar el plazo, por lo que seguirá vigente este aporte compulsivo que cobran, el mayor ingreso que reciben los gremios. El cambio ocasionó una queja en el recinto del titular del PRO, Enrique Goerling Lara. La explicación de fuentes de LLA es que, sin una predicción de los ingresos, los gremios podrían perder activos, como hoteles y predios.

También podrán seguir reteniendo aportes para su funcionamiento las cámaras empresariales, aunque sólo un 0,5%. Con esas correcciones, Bullrich se aseguró el voto de aliados como Corroza y Royón, aunque la neuquina luego se abstuvo en el capítulo 1, según dijo, para proteger los empleos de Vaca Muerta:

No fue el único premio que recibieron los gremios sobre la hora: los estatutos profesionales seguirán vigentes un año. Incluye el del periodista. Fue el último artículo y el que menos votos obtuvo: 38 a favor y 31 en contra.

“Se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, ante los bancos, ante la CGT y lo único que hacen con esta ley es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores”, atacó en su discurso la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Indemnización, ¡afuera!

La idea de eliminar los estatutos buscaba igualar condiciones de indemnización, uno de los objetivos de la reforma. Para que la indemnización sea menor, el proyecto la limita al pago de un sueldo por año, sin extras (vacaciones, aguinaldo), que suelen engrosar la suma final. Además, se actualizará por IPC más 3%. “No pusimos un tope, como Uruguay”, destacó Bullrich.

En su discurso de cierre, la jefa de LLA justificó el FAL, el aspecto más polémico del proyecto. “Lo necesitamos porque todas las empresas tienen un pasivo contingente que no saben cuánto es. Hasta ahora no saben cuál es”.

Este fragmento tuvo retoques hasta último momento. Inicialmente será mayormente para pymes, que lo nutrirán con el 2,5 de los fondos que giran a ANSES; mientras que para las grandes será del 1%. Luego podrá igualarse en 1,5%.

Un agregado de último momento es que el FAL, que podrá ser administrado por fondos privados regulados por la Comisión Nacional de Valores, deberá ser validado por la comisión bicameral de fondos de seguridad social.

“No me parece correcto que socialicemos el riesgo empresario”, sostuvo Royón. El peronismo propuso cambios en este y otros capítulos, pero no fueron aceptados. “Este es un incentivo a los despidos. Es contradictorio con los objetivos”, protestó Jorge Capitanich, quien sostuvo que el costo fiscal estimado es de 4300 millones de dólares. El chaqueño propuso cambios en casi todos artículos.

Convenios flexibles

El eje de la reforma son los cambios en las relaciones laborales y quedaron intactos. De convertirse en ley, las jornadas laborales serán flexibles, con chances de que haya un banco de horas (con un máximo de 12 por día) y vacaciones (pueden ser fraccionada); un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y nuevas reglas para la junta médica, que deberán funcionar en instituciones.

Se creará un registro de inversiones productivas, para premiar aportes en tecnología y expansión. Los convenios colectivos podrían ser por región o empresa, con salarios dinámicos, según lo acordado por el empleador. Bullrich impuso su idea de que haya una orden de prelación al convenio de menor volumen. "Es algo revolucionario", celebró.

La jefa de La Liberad Avanza en el Senado admitió que este cambio le costó, porque son las propias empresas las que en muchos casos no quieren abrir el juego gremial y prefieren el convenio central, por temor a las revueltas en las comisiones internas.

El proyecto aprobado sostiene la eliminación de la ultraactividad, como se denomina a la prolongación de un convenio ante la falta de un acuerdo. “Eso es no querer negociar. Hay convenios que están hace 50 años”, protestó Bullrich. “Quieren paz social porque le tienen miedo a la izquierda. No hay que temer, siempre que hay dos gremios, tiene más afiliados el más razonable. Pasa con UPCN y ATE en el Estado”, ejemplificó.

Largo debate

La discusión duró 14 horas aun con las cartas echadas de la votación. Casi todos los peronistas hablaron igual. "¿Cuál es el problema que tiene la República Argentina? ¿Los trabajadores? No. El problema que tiene Argentina es el plan económico del Gobierno y que tienen unos economistas que están dedicados a la usura", cerró el jefe del PJ, José Mayans.

Otra voz crítica al proyecto fue de Carambia, que luego votó varios artículos. "¿Dónde hay más informalidad? En las microempresas, de 1 a 5 trabajadores; ahí llega hasta el 80% de trabajadores en negro; en las PyMEs, de 5 a 20 empleados, llega a 45%”, explicó.

“No se hace un blanqueamiento porque Argentina es uno de los países más caros en cargas sociales. Hay que hacer una norma expresa para las microempresas y las PyMEs”, cerró el santacurceño.