El jefe de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Julio Piumato, participó ayer del cuarto plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales convocado para tratar el proyecto de Reforma Judicial enviado por Alberto Fernández y se convirtió en uno de los pilares de la oposición.

En las primeras palabras expresó su "desagrado" a la iniciativa y catalogó de mentirosos a Fernández y a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que "habían empeñado su palabra ante la CGT" y habían prometido que los trabajadores iban a tener participación en los proyectos.

El sindicalista alertó, además, por la falta de empleados para atender las causas que demandarán los nuevos juzgados que se creen. Pero además se quejó de que sus ahora afiliados cobrarán menos.

Por si fuera poco aportó a la idea de que se trata de un proyecto necesario "para el Gobierno de turno" y que no responde a "las necesidades que tiene la sociedad".

"Ningún derecho está garantizado para los trabajadores que se traspasen. Así como la justicia Penal garantiza la impunidad de quienes la Gobiernan la ciudad; la laboral hará un mecanismo de flexibilización, porque el superior tribunal de justicia tiene efecto casatorio. En la ciudad están la mayoría de las empresas argentinas. ¡Es concentrar el poder del puerto!", según Piumato.

El gremialista expuso casi una hora mientras la senadora oficialista, María de los Ángeles Sacnun a cargo de la coordinación, no detenerlo.

"Estamos en pandemia, en ninguna Nación del mundo en los Parlamentos están discutiendo reformas judiciales. Las prioridades son otras; hay que discutir las necesidades imperiosas que tiene nuestro pueblo", argumentó el también secretario de DDHH de la CGT.

"La justicia necesita elementos técnicos, tendría que tener una policía federal, si queremos avanzar en la investigación del crimen organizado", añadió.

Y levantó temperatura: "¡Tenemos una situación de emergencia judicial, los edificios se caen en todo el país! El sistema informático está colapsado. Es un error encarar una reforma que tiene que ver con una intención específica del gobierno del turno".

También se montó en las críticas por las escasas fiscalías que se crean en proporción a los juzgados, aún cuando el sistema acusatorio que empezó a implementarse en varias ciudades le delega a los primeros la instrucción.

"Le recuerdo que hay una bicameral que se encarga de proponer proyectos para implementar el sistema acusatorio. Una de nuestras funciones es proponer leyes, así que puede acercarme los proyectos que considere", le sugirió Anabel Fernández Sagasti, que preside la comisión.