El Consejo de Mayo mantuvo este lunes su segunda reunión en la Casa Rosada, centrando el debate en la reforma laboral que tanto impulsa el sector empresario. El encuentro, que se prolongó durante casi tres horas, contó por primera vez con la participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien se sumó a los miembros habituales del órgano consultivo.

Presidida por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el encuentro congregó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; y representantes del mundo sindical y empresarial, como Gerardo Martínez (UOCRA) y Martín Rappallini (UIA). Todos ellos forman parte del selecto grupo encargado de elaborar consensos legislativos en el marco del «Pacto de Mayo».

La reforma laboral forma parte de un paquete de cambios estructurales llamados “de segunda generación”, junto con las reformas tributaria y previsional, previstas para desarrollarse durante los próximos dos años. Para lograrlo, el Gobierno necesita consolidar su respaldo parlamentario tras las elecciones legislativas para avanzar con estos proyectos.

Durante la reunión, no se revelaron detalles específicos sobre el contenido de la reforma, manteniéndose el hermetismo que caracteriza al Consejo. Sin embargo, Ritondo explicó que el debate abarca cuestiones vinculadas al empleo, la formalización laboral y la generación de nuevas oportunidades de trabajo. “La síntesis va a salir el 15 de diciembre”, aseguró el diputado, refiriéndose a la fecha en que se espera presentar un documento final con los acuerdos alcanzados.

En este sentido, los integrantes del Consejo trabajarán junto a sus equipos técnicos durante las próximas semanas para pulir propuestas. La próxima reunión quedó agendada para el 20 de agosto, donde se espera avanzar en la consolidación de un borrador más definido. Desde el Gobierno argumentan que estas iniciativas buscan «modernizar el sistema laboral» y también «reducir la informalidad», una de las grandes preocupaciones actuales. Desde los gremios, en cambio, denuncian que la reforma que proponen es regresiva y avasalla los derechos laborales conquistados, desde las indemnizaciones por despido hasta las negociaciones salariales colectivas.

Los puntos tratados en el Consejo de Mayo derivan del Pacto firmado por 19 gobernadores en 2024, el cual contempla principios como la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la mejora educativa, la reducción del gasto público y una nueva estructura impositiva y previsional. En este marco, incluyeron la reforma laboral.

Para la primera reunión, Hugo Godoy cuestionó que la CGT envíe un emisario: “Convalidar un acuerdo como lo que ellos llaman el Acuerdo de Mayo –que lo hicieron en julio y que un año después intentan reflotar– es directamente ser cómplice de este desastre”. Cuestionó los diez puntos del pacto, al considerar que “avalan un ajuste brutal, un Estado represivo y una economía que solo apunta a la exportación sin industrialización” y criticó la “ambigüedad” de ciertos sectores sindicales. “Hay dirigentes de la CGT que rechazan en un plano y convalidan en otro. Esa ambigüedad favorece al Gobierno”, sostuvo en junio.

Por su parte, Gerardo Martínez, al llegar a la Casa Rosada para la primera reunión, dejó clara su postura ante la prensa: “No hay lugar para reducir los derechos de los trabajadores. Este Consejo tiene que generar un pacto productivo entre sindicatos y empresarios que permita vincular el crecimiento económico con el desarrollo del trabajo”. Hasta dónde avanzará el debate, no se sabe.