Por

EUGENIA RODRÍGUEZ

Esta semana, en el marco del encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham), candidatos de la oposición volvieron a insistir con la necesidad de reformas regresivas para las y los trabajadores, entre ellas la eliminación las indemnizaciones por despido, presentado además como solución aparente para incentivar el empleo. Sin embargo los datos indican que la flexibilización laboral lejos de crear puestos de trabajo incrementa la desocupación que, en nuestro país y ante medidas de desregulación y menor protección laboral en los ‘90, se incrementó de 7,7% al 19,7%, llegando la informalidad a superar el 40%. 

Además, un relevamiento da cuenta de que el peso del volumen de indemnizaciones sobre ventas para las grandes empresas se ubica tan solo un 0,6% para el período 2016-2020 y, a nivel internacional, un informe señala que “reducir la protección de los trabajadores no disminuye el desempleo” en tanto que “los cambios mal concebidos debilitan la legislación en materia de protección del empleo” siendo necesario poner el foco en lo que sucede con el devenir del ciclo económico. 

Diferentes estudios del mundo del trabajo advierten que los resultados de una mayor flexibilización en los despidos lejos de traducirse en un aumento en los puestos de trabajo trae como consecuencia una mayor inestabilidad laboral, tendencia a la baja en los salarios, menor poder de negociación y de protección frente a actitudes arbitrarias de la parte empleadora. 

Los discursos actuales de dirigentes de la oposición, pre-candidatos presidenciales, no son una novedad, de hecho encontraron materialidad en la reforma laboral que intentó llevar a cabo la gestión de Mauricio Macri en 2017 y en el proyecto que el senador por la UCR, Martín Lousteau, presentó en 2021 para eliminar las indemnizaciones por despido o quiebra de las empresas, derecho constitucional contemplado además en la Ley de Contrato de Trabajo y en los regímenes especiales de trabajo. Tales iniciativas, en sintonía con el proyecto conocido como “Mochila Argentina” del sector empresarial, promueven una reducción en el monto que las y los trabajadores perciben por despido, desconocen en general la obligación del preaviso y las obligaciones ante el cese de una relación laboral sin causa y apuestan a conformar un fondo que financiaría el pago de las indemnizaciones, aunque sin explicar con claridad en la práctica como protegen el conjunto de derechos hoy garantizados por ley a las y los trabajadores.

“La actual indemnización es un robo. Se usa un sistema en donde una persona trabaja tres meses en vez de cobrar un mes por año de labor. Se le ponen multas, intereses y funden las empresas", dijo en el marco del encuentro de empresas estadounidenses con funcionamiento en el país, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

En relación, quienes concuerdan con dicha mirada aseguran que una mayor flexibilización en las condiciones de trabajo sería la solución para el desempleo, el que vale decir se encuentra en los niveles más bajos desde el 2015, aunque persiste un número importante de asalariados no registrados en el país. Es decir que un ajuste en el pago de indemnizaciones y en el poder de compra de los salarios sería el camino para que aumente la oferta de trabajo, con menor “carga” para los empresarios, más allá de lo que suceda en la realidad de la actividad económica y de la puja distributiva por el reparto de la torta. La menor carga estaría dada al excluir del pago de las indemnizaciones el aguinaldo, al no exigir la consideración del mejor sueldo recibido para el cálculo de los montos a cobrar, al no considerar extras ni otros aspectos claves de la vida laboral, desconociendo a su vez el rol que los ingresos por el propio trabajo tienen no solo en la subsistencia cotidiana sino también para el acceso a derechos en la vida pasiva de la mayoría de la población. 

“La evidencia disponible para diferentes países tanto desarrollados como no desarrollados y, aún más importante, la propia experiencia argentina indican que la flexibilización del mercado laboral y la reducción de costos laborales no provocan que el empleo se incremente ni favorecen la reducción de la informalidad y la precariedad laboral”, señala un documento del centro CIFRA/CTA donde se alerta que el fin de las indemnizaciones generaría más incertidumbre y disciplinamiento ya que “la menor protección conlleva un aumento en la inestabilidad de los ingresos y en su desigualdad, así como mayor pobreza”.

En esa línea, el texto publicado en torno a la presentación del mencionado proyecto de Lousteau, hace referencia al impacto que tuvieron en la década de los ’90 la aplicación de medidas económicas neoliberales que se sostuvieron en una mayor flexibilización y desregulación del mundo laboral al buscar “facilitar los despidos, reducir indemnizaciones por despidos y por accidentes de trabajo y aplicar menores alícuotas de aportes patronales. Sin embargo, no lograron el resultado esgrimido en su defensa, sino que el país alcanzó niveles de desempleo e informalidad históricos durante su vigencia”.

Los datos de dicho período dan cuenta de que entre 1990-2002, en el marco de la aplicación de dichas medidas que incluyeron también una reducción de las Contribuciones Patronales y la privatización de la Seguridad Social, la desocupación pasó del 7,7% al 19,7% y la informalidad llegó al 43%. Lo mismo ocurrió entre 2016-2019, cuando la destrucción aparato productivo y la pérdida de más de 200 mil puestos de trabajo registrados privados, duplicó el desempleo en el país que pasó de 5,9% a 10%. 

El análisis de CIFRA/CTA agrega que una medida como la que se propone “implicaría una menor estabilidad en el empleo, como lo muestra la experiencia de otros países, ya que desaparecería el costo disuasorio que implica el pago de una indemnización por despido. Además, la amenaza del desempleo se volvería un recurso más concreto frente a cualquier reclamo de las y los trabajadores, ya sea individual o colectivo”.

En relación, una investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) da cuenta de que en el marco de la crisis global del 2008, diferentes países del mundo, en Europa particularmente, llevaron adelante cambios en sus legislaciones laborales en perjuicio de las y los trabajadores. “En el contexto de un margen fiscal restringido y un creciente desempleo, estos países afirmaron que ese tipo de cambios ayudarían a estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, sin embargo, no se revela relación alguna entre menos protección de los trabajadores y mayor crecimiento”, señala el informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2015: El empleo en plena mutación y destaca que “se llega a la conclusión que reducir la protección de los trabajadores no disminuye el desempleo. En efecto, muestra que los cambios mal concebidos que debilitan la legislación en materia de protección del empleo tienden a ser contraproducentes, tanto a corto como a largo plazo. Encontrar el equilibrio perfecto depende de las características estructurales específicas de cada país así como del estado del ciclo económico, motivo por el cual es indispensable que las organizaciones de empleadores y de trabajadores participen en el proceso de reforma”.

Un informe del centro CEPA sobre la cúpula de las 500 empresas más grandes y la evolución de su facturación y ganancias en la última década indica que “al estudiar los datos de las 500 empresas más grandes queda de manifiesto que el costo laboral promedio entre 2012-2019 fue del 14,8%, un porcentaje que difícilmente pueda constituir un impedimento a la actividad empresarial y a la contratación laboral”.

Además si se analizan algunas empresas, de rol central –por su parte- en la producción de alimentos en el país, como Arcor, Molinos Aluar, Ledesma y La Anónima, se observa que “los datos referidos a sueldos y cargas sociales para la etapa 2017-2022, representan un 18,0% promedio”.

En cuanto a las indemnizaciones, el peso sobre el valor bruto de producción, “se ubica en tan solo en un 0,6% para el periodo 2016-2019 e incluso si se extiende el período al 2020”, según los datos disponibles. Otro aspecto que se destaca es que al medir la incidencia de los impuestos en relación a las ventas de las firmas más grandes del país, “apenas alcanza el 11,2% para el período 2012-2019. Si sólo se observan cinco de las más importantes (Arcor, Molinos Aluar, Ledesma y La Anónima) el promedio baja a un 5,3% (2017 a 2022)”.