Por Luis Autalan

En estos primeros días del año y más allá de que la CGT se debilitó en su cohesión interna con el debate en cuanto a endurerer posiciones respecto al modelo económico libertario, en las últimas horas tuvo un fuerte posicionamiento contra el Gobierno, desde la convicción sindical para preservar y respetar las políticas de derechos humanos.

En ese plano la central obrera repudió el ataque gubernamental a las políticas de “Memoria, Verdad y Justicia” y advirtió que dentro de esa estrategia de la Casa Rosada, cuyos trazos estaban claros desde la campaña electoral de 2023 vale recordar, “se afecta las tareas de investigación histórica”, para los juicios de lesa humanidad.

En efecto, fue la Secretaría de Derechos Humanos cegetista la que expresó su rechazo a los despidos en los sitios de memoria como también al cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, que fuera dispuesto por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños.

En el comunicado también se manifestó la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras cesanteados, al tiempo que denunciaron el avance negacionista del gobierno de Javier Milei.

Dentro de esa perspectiva consideran, entre otras variantes, que se expresa a la luz pública y se pretende “la destrucción de las políticas que fueron conquistadas por el pueblo argentino”.

La declaración lleva la firma del judicial Julio Piumato, un sindicalista que sufrió en carne propia la persecusión y otros bemoles de la última dictatura cívico militar, y Maia Volcovinsky, cosecretarios en Derechos Humanos, es un escrito que hizo foco en los despidos y suspensiones en la secretaría oficial y desde ese prisma denunció que la gestión de La Libertad Avanza busca poner fin a lo construido a “lo largo de cuatro décadas de democracia con políticas que son reconocidas mundialmente”.

Además del comunicado, fuentes de Azopardo reconocieron a este diario que más allá de la vigencia y convicción en cuanto a que las soluciones que el país demanda, “son tarea de la política y no del sindicalismo”, refrendando un paradigma con raigambre en el las organizaciones desde hace años, consideran que avasallar toda estructura establecida para honrar la memoria de una lucha que determinó el regreso de la democracia en 1983 “es inaceptable”. Reflexiones que van más allá de las diferencias inocultables en el sindicalismo para una etapa que comenzó en diciembre de 2023 con la asunción de Milei, merced al voto popular.

Dentro de esa premisa los cegetistas manifestaron su repudio por el cierre del centro cultural que funciona en el predio de la ex ESMA y señalaron que el vaciamiento del Conti “afecta las tareas de investigación histórica para los juicios de lesa humanidad, además de vulnerar la transmisión de la memoria y la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional”.

Siempre desde la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras despedidos se plegaron a lo que destacan como “la lucha de los organismos de derechos humanos para denunciar ante los tribunales nacionales y los organismos internacionales estas políticas que derivan en graves violaciones” a la normativa establecida por ejercicio de la memoria para proteger y mantener la tutela a personas e instituciones desde una firme convicción democrática.