Por Mariano Martín

La CGT tendrá este jueves su primera reunión de Consejo Directivo del año marcada por la urgencia en el reclamo al Gobierno por financiamiento para las obras sociales sindicales. La demanda, que ya trepa a 40 mil millones de pesos para este año, estará por encima de la problemática salarial, que la central obrera considera encaminada a instancias de la ronda anticipada de paritarias promovida por el Gabinete económico y en trámite ante el Ministerio de Trabajo. Los gremialistas a cargo de la negociación dijeron que Alberto Fernández comprometió una respuesta pronta mediante un auxilio financiero que se dará a conocer en los próximos días.

El mayor desvelo de la “mesa chica” de la CGT está centrado, desde hace años, en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el instrumento en manos del Estado a través del cual se producen los mayores desembolsos de recursos a favor de las instituciones de salud de los gremios y que sufre un virtual vaciamiento progresivo, según coinciden gremialistas y funcionarios. Es que alrededor del 60% de sus recursos son absorbidos por prestaciones por discapacidad, en particular en los ítems de transporte y educación.

El año pasado el Presidente había prometido un desembolso extraordinario del Tesoro nacional de 11.400 millones de pesos para compensarles a las obras sociales por esos gastos. De ese monto se pagaron menos de $ 7 mil millones aunque fue la primera vez en la historia que el Estado asistió de forma directa y no reembolsable a las prestadoras gremiales. Hasta hace algunas semanas el cálculo de la CGT para cubrir los gastos de este año harían falta $ 35 mil millones pero la aceleración inflacionaria ya le sumó al menos 15% a esa estimación.

La preocupación de la central fue gestionada por José Luis Lingeri, del sindicato de Obras Sanitarias y principal referente en la materia, y por el propio Héctor Daer que lo conversó en varias oportunidades con el jefe de Estado en las últimas semanas. La última palabra de Fernández al respecto fue que Vizzotti se aprestaba a definir el mecanismo de asistencia. En teoría se buscará la forma de desacoplar a las obras sociales y al FSR de la cobertura económica de las prestaciones de educación y transporte para discapacitados. En cambio, la idea es centralizarlas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Ese órgano estatal fue el eje días atrás de la creación de un Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (Fonadis).

El resto del temario del Consejo Directivo de hoy estará atado a la coyuntura. Uno de los puntos estará relacionado con el avance de las paritarias por adelantado lanzadas por el Gobierno y que en las últimas dos semanas acumularon una decena de acuerdos salariales con aumentos en el rango del 45 al 55 por ciento. Por fuera de esa pauta están pendientes las discusiones de la Asociación Bancaria, que reclama el 60% de piso y lanzó un paro nacional para el jueves que viene, y de Camioneros, que antes de encarar la paritaria de este año reclamó un aumento extra por la del año pasado para cerrarla en torno del 85 por ciento, como adelantó en exclusiva este diario.

Otro tópico incorporado al temario, mucho más de entrecasa, versará sobre los aportes de los gremios al sostén de la propia CGT. La central, que tiene pendientes varios pasos administrativos para regularizar la nueva conducción electa en noviembre pasado, con la integración a la Secretaría General de Pablo Moyano junto a Daer y Carlos Acuña, acusa la mora de algunas organizaciones entre las que se cuenta Camioneros.