La demora ya genera preocupación tanto en sectores empresarios como sindicales, porque hay puntos centrales de la norma que todavía no pueden aplicarse plenamente y que impactan de lleno sobre las condiciones laborales, las indemnizaciones y las negociaciones salariales.

Según trascendió desde la Casa Rosada, el texto permanece bajo revisión exhaustiva para evitar nuevas impugnaciones judiciales de la CGT y otros gremios. “Le pidieron a María Ibarzábal Murphy que revisara cada palabra y cada línea del decreto”, reconoció un dirigente libertario sobre la secretaria Legal y Técnica, una de las funcionarias más cercanas al presidente Javier Milei.

La reforma laboral representa uno de los cambios más profundos sobre el mundo del trabajo de las últimas décadas. Sin embargo, varios artículos todavía requieren reglamentación específica para entrar en vigencia de forma efectiva.

Uno de los puntos más sensibles es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo esquema que busca reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones por un mecanismo de ahorro acumulativo obligatorio destinado a cubrir despidos. La iniciativa es impulsada por el Gobierno como una herramienta para reducir la litigiosidad laboral y fomentar el mercado de capitales, aunque desde el sindicalismo advierten que podría debilitar derechos históricos de los trabajadores.

“El FAL fue uno de los aspectos que más análisis técnicos y jurídicos demandó”, admitieron fuentes oficiales. La ley establecía que debía comenzar a funcionar desde el 1° de junio, aunque dentro del propio Ministerio de Economía ya no descartan postergar su implementación mediante otro decreto.

En paralelo, el Gobierno sí avanzó con la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce durante cuatro años las contribuciones patronales para empleadores que incorporen trabajadores no registrados. El esquema fue oficializado a través del decreto 315 y es presentado por el oficialismo como una herramienta para combatir el empleo informal, que según los últimos datos del INDEC afecta a más del 35% de los asalariados del país.

Otro de los capítulos que genera fuerte tensión con la CGT es el que facilita la creación de sindicatos de empresa. La nueva normativa permitirá otorgar personería gremial a organizaciones internas que durante seis meses tengan más afiliados cotizantes que el sindicato tradicional de la actividad. En el oficialismo consideran que la medida apunta a “modernizar” el esquema sindical argentino, mientras que desde las centrales obreras denuncian que busca fragmentar la representación gremial y debilitar el poder de negociación colectiva.

La reforma también incorpora nuevas limitaciones al derecho de huelga en servicios esenciales, donde deberá garantizarse un funcionamiento mínimo del 75%, y del 50% en actividades consideradas de importancia trascendental. En el Gobierno admiten que prevén conflictos para controlar el cumplimiento efectivo de esos porcentajes en futuras medidas de fuerza.

Además, la ley ya habilita a la Secretaría de Trabajo a suspender homologaciones de acuerdos salariales cuando considere que generan “distorsiones económicas graves”. Se trata de una herramienta que el Ejecutivo podría utilizar para frenar paritarias por encima de la pauta oficial, en medio de la caída del poder adquisitivo de los salarios.

Desde la CGT mantienen abierta la ofensiva judicial contra la reforma y advierten que varios artículos avanzan sobre derechos constitucionales. “Es un ataque directo al modelo sindical argentino y a las conquistas de los trabajadores”, sostienen referentes gremiales que ya preparan nuevas presentaciones en la Justicia.

Mientras tanto, dentro del Gobierno reconocen que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es uno de los funcionarios que más presiona para acelerar la publicación del decreto y terminar de poner en marcha una reforma que el oficialismo considera clave para su programa económico.