En su publicación, el secretario general de la CTA identifica tres afirmaciones que, según sostiene, son falsas, y las rebate con antecedentes históricos, datos del mercado de trabajo y propuestas legislativas alternativas.

1. “Las leyes laborales están atrasadas y los convenios son de 1975”

Yasky sostiene que es incorrecto afirmar que la legislación laboral argentina no se actualizó desde mediados de los años setenta. Si bien 1975 fue un año clave por la gran cantidad de convenios colectivos firmados —proceso interrumpido luego por la dictadura cívico-militar de 1976—, recuerda que desde la recuperación democrática se celebraron numerosos convenios, en particular entre 2003 y 2015.

Además, remarca que durante los años noventa y comienzos de los 2000 ya se aplicaron reformas laborales de fuerte flexibilización, como la Ley de Empleo de 1991, los decretos de 1996 del menemismo y la denominada “Ley Banelco” de 2000. En todos los casos, señala, se prometió la creación de empleo registrado, pero el resultado fue un aumento del desempleo, que llegó a niveles cercanos al 25%.

El dirigente sindical también cuestiona que el debate se limite a la antigüedad de las normas y pone como ejemplo la ley de jornada laboral de 48 horas semanales, vigente desde 1929, cuya actualización —afirma— no forma parte de la agenda oficial.

2. “La reforma no afecta a nadie porque la mayoría trabaja en negro”

En su hilo, Yasky advierte que este argumento es “peligroso y errado”. Señala que en la Argentina hay más de 10 millones de trabajadores asalariados registrados, cuyas condiciones laborales y salariales se verían directamente afectadas por la reforma.

Según plantea, la pérdida de derechos y de poder de negociación del empleo formal impacta sobre el conjunto de la economía, incluida la no registrada. En ese marco, sostiene que el objetivo central de la reforma no es sólo reducir costos laborales, sino disciplinar a los trabajadores, debilitando la organización sindical y la negociación colectiva.

El diputado también critica la orientación del modelo económico que, según recuerda, el ministro de Economía Luis Caputo comparó con el de Perú, caracterizado por altos niveles de informalidad laboral y baja protección social.

3. “La oposición y los sindicatos no tienen propuestas alternativas”

Yasky rechaza además la idea de que no existan iniciativas para modernizar la legislación laboral. Afirma que en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados se presentaron numerosos proyectos orientados a adaptar el empleo a los cambios tecnológicos y sociales.

Entre las propuestas menciona la regulación del trabajo en plataformas digitales, nuevas licencias por cuidados con equidad de género, la participación de los trabajadores en las ganancias, la reducción de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, la creación de comités mixtos de salud laboral y medidas contra el acoso en el ámbito de trabajo.

Finalmente, el dirigente de la CTA sostiene que estos debates forman parte de una tendencia internacional. Según indica, en distintos países se discuten reformas orientadas a ampliar derechos y mejorar las condiciones de trabajo, en contraste con el rumbo que —afirma— propone el Gobierno nacional.