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SEBASTIÁN PREMICI

La huelga general de este miércoles, con movilización hacia la Plaza de los Dos Congresos, será una respuesta al ajuste ortodoxo de shock aplicado por La Libertad Avanza. El conjunto de los trabajadores y trabajadoras, sus bases y órganos de conducción, organizaciones sociales, de artistas, científicos, y muchos otros colectivos, se movilizarán en contra de la eliminación de los derechos laborales adquiridos y la pretensión oficial de "poner en venta" al país. La medida de fuerza se organizó en respuesta a la planificada destrucción de una serie de derechos laborales, texto que lleva la firma tácita de las empresas nucleadas en la Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresarial Argentina. 

El programa de La Libertad Avanza conlleva la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de la transferencia de recursos hacia un conjunto de empresas concentradas, casualmente las mismas que redactaron el andamiaje jurídico que pretende convertir al país en un estado colonial. No por nada, el procurador Rodolfo Barra afirmó que "el cargo del Presidente es análogo al Rey". Sin derechos laborales y sin recursos para comer. 

Pérdida de derechos

La reforma laboral de hecho vía DNU lleva la firma tácita de las empresas nucleadas en la UIA, cuyo titular es el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja, también representante de la Copal. El DNU libertario echa por tierra todo el andamiaje jurídico de protección a los derechos laborales de los últimos 50 años; en algunos casos, se vuelve a la normativa vigente durante la última dictadura cívico militar. La Libertad Avanza pondrá a los trabajadores a merced del sector privado: podrán despedir y desechar personas como lo deseen.

Este es uno de los motivos centrales que explican la huelga general con movilización de este miércoles:

* Trabajo no registrado: el plexo normativo, lejos de generar trabajo genuino, es una oda a la precarización. Se eliminan las multas que impone la ley en favor de los trabajadores cuando la empresa, luego de ser intimada a la registración, sigua sin hacerlo. Ergo, podrán tener empleados sin recibo de sueldo sin consecuencias. Se derogan las multas por trabajo no registrado en los Estatutos del Peón Rural y de Trabajadores/as de Casas Particulares. 

*Los culpables son los trabajadores. En caso de duda ante una situación conflictiva, la ley vigente estima que se debe resolver en favor del trabajador; pero el DNU revierte la carga de la prueba y reinstala que los trabajadores deberán presentar sus pruebas en caso de un juicio. Esta modificación fue pensada por la UIA para obturar las causas iniciadas por contratos sin registrar. ¿Qué otras pruebas debería presentar un trabajador más que su declaración, más la de otros testigos? Todo quedará librado al juez. 

* Se modifica el principio de irrenunciabilidad. En la actualidad, los trabajadores no pueden renunciar a derechos que provengan de la Ley, Convenio Colectivo de Trabajo, Estatuto Profesionales y Contrato Individual de Trabajo; pero el DNU habilita cualquier modificación contractual perjudicial para el trabajador si fuera acordada en instancias administrativas. Es decir, se deja a tiro de extorsión a los trabajadores: "o dejan sus privilegios, o quedarán despedidos". Esa podría ser la frase que inspiró tal modificación. 

* Se elimina la responsabilidad contractual de las empresas usuarias de ser titulares del vínculo laboral de aquellos trabajadores tercerizados. Es decir, las empresas que se benefician con el jornal de un tercerizado dejarán de ser solidariamente responsables por ese trabajador. Precarización laboral al extremo. 

*Se aumenta el período de prueba a 8 meses. 

Como supo cantar Sabina..."nos sobran los motivos".

El shock de medidas ortodoxas aplicado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, posee un objetivo claro: acelerar una enorme transferencia de recursos hacia un conjunto de empresas que cooptaron, nuevamente, el Estado. "La totalidad de las medidas constituyen una reedición de la captura del Estado por los sectores de poder económico y financiero", aseveró el abogado laboralista Luis Palmeiro, integrante de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes).

El shock de ajuste fiscal provocará un escenario de caída en picada de la economía. Para la consultora Sarandí, el desplome llegaría el 4% del PBI en 2024; la situación es más aguda con la caída del PBI del año pasado. En once meses, el Indec registró un rojo del 1,3%. Ante el desplome de la actividad, también se horada el poder adquisitivo de los salarios. El Frente de Todos dejó la base de la pauperización social. La Libertad Avanza lanzó la bomba.

De acuerdo al Indec, el último dato de la Canasta Básica Total arrojó que una familia promedio necesitó casi $ 500.000 para no ser pobre, una cifra que triplica el salario mínimo. A diciembre, el salario mínimo permitía adquirir apenas el 26% de una CBT.

La devaluación mileista, sumado a la quita de todos los controles estatales sobre las grandes empresas formadoras de precios -como la ley de abastecimiento, la eliminación a la ley de góndolas, y cualquier tipo de programa que regule el valor de la comida-, son otros de los elementos que permiten entender los pormenores que motivaron la huelga general a menos de dos meses de asumido Milei. 

Normá Plá a Cavallo...y Milei

El ajuste a los jubilados es otro de los motivos que explican los por qué de la huelga general. Los recortes del Estado serán mayores a los previstos. El Ministerio de Economía reconoció en una planilla oficial que pretende un ajuste del 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en jubilaciones y pensiones. Pero los planes cambiaron y la caída del gasto sería aún más dañina para los jubilados y pensionados.

El tándem Milei - Caputo ajustar aún más las jubilaciones y llevar la reducción del gasto a un punto del PBI, más de la mitad de lo propuesto inicialmente. De acuerdo al texto difundido entre los medios, se determinó que en marzo se aplique el aumento correspondiente según la fórmula actual y que a partir de abril el índice de movilidad se actualice según el último dato de inflación mensual disponible. Esto tiene consecuencias, por un lado, sobre el poder adquisitivo de los haberes, que se desplomarían un 30% en el año, y, por el otro, sobre el objetivo de reducción del déficit fiscal en 2024.