“El proyecto de ley presenta un fuerte contenido de revanchismo social”, sostuvo Yasky, quien afirmó que la iniciativa oficial, presentada como “modernización laboral”, “es en realidad una nueva embestida impulsada por los grandes grupos empresarios”.

Según el dirigente, la reforma apunta a modificar aspectos centrales del sistema laboral argentino. “Es un compendio de propuestas que busca precarizar el trabajo. Apunta a abaratar los despidos, habilitar persecución sindical y debilitar el derecho de huelga”, explicó. En ese sentido, advirtió que la norma permitiría despedir a activistas gremiales pagando una penalidad económica: “Eso habilita la discriminación y la caza de brujas dentro de las empresas”.

El legislador también cuestionó la creación de un fondo de asistencia laboral: “Es un engendro parecido a las AFJP que se financiaría con recursos de la seguridad social y facilitaría despedir gratuitamente”.

Para Yasky, uno de los ejes centrales del proyecto es trasladar las negociaciones a cada empresa, debilitando los convenios colectivos. “Habla claramente del intento de desarticular la fuerza de los sindicatos y llevar la discusión a un ámbito donde el trabajador queda solo frente al empleador”, señaló. También alertó que se restringirían asambleas, protestas y medidas de fuerza: “Un obrero repartiendo un volante podría ser acusado de sabotaje”.

Entre otros puntos cuestionados, indicó que se modificarían condiciones de jornada laboral y horas extras mediante el llamado “banco de horas”. “Este proyecto termina con la jornada de ocho horas y pone al trabajador bajo amenaza permanente del despido”, afirmó.

El dirigente rechazó además el argumento oficial de que la reforma generará empleo. “Una mentira absoluta. El problema de las pymes no es la indemnización, sino la caída del consumo, la falta de crédito y la competencia de importaciones”, dijo, y mencionó el cierre de miles de pequeñas empresas en los últimos años.

El frente sindical —integrado por gremios de la CGT y las dos CTA— anunció que la movilización continuará durante el debate parlamentario. “La decisión es convocar al paro y a la movilización el día que se trate la ley en el Senado”, confirmó. Yasky también descartó confiar en un eventual freno judicial. “Justificar la inacción pensando que la Justicia la va a declarar inconstitucional es inconsistente.

Si el movimiento obrero no defiende sus conquistas, después no tendrá derecho a reclamarlas”, planteó.

Finalmente, advirtió sobre el impacto social de la iniciativa: “Estamos en la encrucijada de pasar a un país con altísima informalidad o seguir siendo uno donde los trabajadores todavía tienen derechos”.