La CGT suspendió la primera reunión del año de su Consejo Directivo, pautada para este jueves, y en su lugar organizará un encuentro virtual con los miembros de ese cuerpo ejecutivo como prevención por el coronavirus. No será la única repercusión de la pandemia entre los gremios, que para los próximos días esperan una respuesta del Gobierno al reclamo por la demora en la distribución de fondos para sus obras sociales. Desde el Ejecutivo admitieron que es inminente un desembolso pendiente, ahora justificado con más razón por la propagación del virus.

Ayer la central obrera llamó la atención con el anuncio de la suspensión de la convocatoria a su máximo órgano ejecutivo, que debía debatir los puntos expuestos la semana pasada por la “mesa chica” ampliada de la organización. A pesar de la suspensión, los dirigentes le insistirán a la administración de Alberto Fernández con la necesidad de reanudar los desembolsos para las entidades de salud que administran. En la propia Superintendencia de Salud habían admitido que la puesta en marcha de nuevos controles mantenía demorados los reintegros de tratamientos ya brindados por las prestadoras así como los pagos automáticos por discapacidad.

De todos modos, y con un mismo nivel de inquietud, los gremialistas habían manifestado malestar por el poco interés de los funcionarios en coparticiparlos de las decisiones y de los lineamientos de la política económica. Incluso, en el sector de los “gordos” de los grandes sindicatos de servicios, el de mayor poderío propio en la CGT, advirtieron que desde que se decretó la pandemia del coronavirus no hubo consultas a las obras sociales, que atienden a entre 18 y 20 millones de personas, casi la mitad de la población argentina.

El sindicato de Comercio (SEC), por caso, avanzó por su cuenta en el desalojo de dos de sus hoteles en la Ciudad de Buenos Aires para poner a disposición 100 camas con el propósito de destinarlas a pacientes sospechosos de Covid-19 para transitar períodos de cuarentena o aislamiento. El jefe de gremio, Armando Cavalieri, un dirigente que suele mantener relaciones óptimas tanto con el macrismo como con el kirchnerismo, cristalizó la oferta en un acuerdo firmado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo temperamento prevén adoptar otras organizaciones con despliegue hotelero en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde de momento se concentra el grueso de los casos detectados.

La preocupación sindical por los fondos de las obras sociales es previa a la crisis por el coronavirus. Arrancó junto con el inicio del mandato de Alberto Fernández y tuvo un primer pico de alarma cuando el ministro de Salud, Ginés González García, dio marcha atrás con un nombramiento clave que la CGT daba por descontado. En la Superintendencia de Salud (SSS) el ministro relegó al médico David Aruachan, un técnico de consenso de todas las obras sociales que Héctor Daer le había sugerido al Presidente, y en su lugar puso al frente a Eugenio Zanarini, de su total confianza.

En una reunión privada, el ministro se escudó al señalar que Aruachan, que finalmente fue designado gerente general de la SSS, había sido vetado por el kirchnerismo por una breve gestión como viceministro de Salud de Cambiemos en 2017. En cualquier caso, su relegamiento no pasó por alto a los dirigentes. Más aún cuando el flujo de fondos habitual a las obras sociales sindicales se redujo al mínimo y en enero y febrero sólo fueron girados recursos muy escasos respecto del promedio mensual de la gestión anterior.

A esa situación, y a la posterior del coronavirus, se sumó en el medio la paritaria irresuelta de Sanidad, el gremio de Daer y Carlos West Ocampo. Tanto las clínicas y sanatorios como las prepagas y el propio sindicato coinciden en que la falta de actualización de los valores de las prestaciones por parte de los grandes financiadores del sistema de salud, en particular el PAMI y los actores de la salud pública, empuja hacia una mayor crisis a una actividad de por sí resentida por la pandemia. El sindicato alega haber cerrado por 2019 un aumento del 30% y que para empardar la inflación del período (julio del año pasado-junio de 2020) faltarían unos 22 puntos porcentuales.

Por lo pronto, la CGT ensayó ayer una nueva muestra de diplomacia en la comunicación de la suspensión de su Consejo Directivo: “Vemos con esperanza que nuestro Gobierno haya reinstaurado el valor del Estado en la emergencia y asumido la responsabilidad de conducir el tránsito de la crisis, dictando medidas oportunas que preservan la salud de los ciudadanos al tiempo que sostienen la actividad económica y atienden la emergencia social”, señala el comunicado.